Los programas de alimentación escolar presentan irregularidades, así lo dio a conocer la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República encendió las alarmas al confirmar múltiples irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar que beneficia a millones de estudiantes en el país. Según el más reciente informe del ente de control, se detectaron sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que comprometen el bienestar de miles de niños y adolescentes.
En total, la Contraloría adelantó 40 actuaciones de control fiscal sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y del Sistema General de Regalías. Los hallazgos evidencian un presunto detrimento superior a los 24.000 millones de pesos.
Los sobrecostos representan la irregularidad más grave, con un valor de 18.106 millones de pesos. A esto se suman pagos sin soportes de ejecución por 2.790 millones, fallas contractuales por 2.706 millones e incumplimientos de lineamientos técnicos por 649 millones.
Las afectaciones
La región Centro Oriente del país fue la más afectada, con nueve hallazgos que ascienden a 12.363 millones de pesos. El caso más crítico ocurrió en Soacha, Cundinamarca, donde se detectó un posible detrimento de 3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados. En Boyacá, también se identificaron diferencias entre los montos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal de 2.010 millones.
Además de los problemas financieros, la Contraloría advirtió nuevas irregularidades por el inicio tardío del programa en varias regiones. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes no recibirán alimentación escolar a tiempo en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Huila, Chocó, Palmira, Yopal y Pitalito.
El ente de control señaló que los retrasos se deben a demoras en los procesos contractuales y falta de planeación por parte de las administraciones locales. Esto pone en riesgo la permanencia escolar y la salud nutricional de miles de menores.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría pidió al Gobierno Nacional y a los entes territoriales adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad del servicio y sancionar a los responsables de los sobrecostos y fallas administrativas.
El llamado busca asegurar que los recursos destinados al PAE cumplan su objetivo: brindar alimentación adecuada y oportuna a los estudiantes más vulnerables del país.
