Advertencias de seguridad frenan visitas institucionales mientras crece la preocupación por el conflicto armado.
La Alcaldía de Neiva enfrenta restricciones para realizar intervenciones presenciales en sectores rurales del occidente del municipio debido a las advertencias de seguridad relacionadas con el conflicto armado. La situación afecta a comunidades de Aipecito, Chapinero y zonas cercanas a San Luis. El caso de la presencia de la Alcaldía en el occidente de Neiva evidencia las dificultades que afrontan las instituciones para acompañar directamente a la población.
Jorge Enrique Lozano Mestre, secretario de Paz y Derechos Humanos de Neiva, explicó que funcionarios del Ejército, la Policía y otras autoridades recomendaron evitar determinadas intervenciones en terreno. Por esta razón, la administración municipal ha recurrido a la atención virtual y a los canales institucionales disponibles para mantener el contacto con los habitantes.
La situación coincide con la Alerta Temprana 016 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el 16 de julio. El documento advierte riesgos para la población civil en el occidente de Neiva y otros municipios del Huila, asociados con estructuras armadas como el Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, señaladas como integrantes del Bloque Central Isaías Pardo.
Además, la alerta identifica amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos y riesgos de reclutamiento de menores. También advierte sobre el posible uso de drones con explosivos. En octubre, un ataque en Aipecito dejó un soldado profesional muerto y otro militar herido, según la información suministrada para esta publicación.
Ante este panorama, Lozano aseguró que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos dispone de 13 rutas de atención para orientar a las comunidades. Estas incluyen mecanismos para atender casos de desplazamiento forzado, atentados y situaciones que ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la entidad coordina acciones con otras instituciones para facilitar la asistencia a las víctimas.
Sin embargo, la presencia de la Alcaldía en el occidente de Neiva continúa condicionada por las recomendaciones de seguridad. El funcionario explicó que los desplazamientos de servidores públicos deben considerar los riesgos existentes, pues una intervención presencial podría exponer tanto a los trabajadores como a las comunidades.
Por su parte, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, manifestó su preocupación por las nuevas modalidades de violencia y pidió fortalecer el acompañamiento estatal. También alertó sobre la extorsión, el reclutamiento y la estigmatización que enfrentan los habitantes rurales. Según indicó, estas comunidades necesitan atención institucional sin que se reduzca su identidad a los hechos violentos.
A esta situación se suma la incertidumbre sobre proyectos de seguridad para Neiva. Tras la salida del ministro del Interior Rodrigo Lara, el Concejo municipal expresó inquietudes sobre los compromisos anunciados para instalar 157 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y lectura de placas. Por ahora, las autoridades deberán precisar el futuro de esas inversiones y fortalecer la respuesta institucional en las zonas rurales.
