Polémica por esquema de seguridad asignado a Beto Coral en Colombia.
El representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de asignar un esquema de seguridad al activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, quien regresó recientemente a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos. La determinación desató una nueva controversia política y abrió el debate sobre los criterios que utiliza la entidad para otorgar medidas de protección financiadas con recursos públicos.
Briceño exigió a la UNP explicar las razones que motivaron la asignación del esquema y solicitó la publicación del estudio de riesgo que respaldó la medida. Además, preguntó cómo la entidad aprobó la protección en un plazo tan corto y si el procedimiento cumplió con los requisitos técnicos y legales establecidos.
La polémica cobró fuerza luego de que Analtraseg, sindicato que agrupa a escoltas de la UNP, denunciara que Beto Coral recibió un esquema de protección con camioneta blindada y escoltas pagados por el Estado. Según la organización, la entidad habría autorizado la medida sin realizar previamente el análisis técnico de riesgo exigido para este tipo de casos.
El sindicato aseguró que la Dirección de la UNP solo pudo otorgar el esquema mediante un trámite de emergencia. Sin embargo, sostuvo que no existen elementos públicos que demuestren una amenaza inminente capaz de justificar la aplicación de ese mecanismo excepcional.
En medio de la controversia, Briceño cuestiona protección UNP e insistió en que los ciudadanos tienen derecho a conocer si la decisión respondió a criterios técnicos o al uso de una facultad discrecional. A su juicio, la transparencia en la administración de los recursos destinados a la protección de personas en riesgo debe prevalecer en todas las actuaciones de la entidad.
A las críticas se sumó Wilson Javier Devia, directivo sindical de la UNP y analista de riesgo con más de 25 años de experiencia en seguridad. El dirigente afirmó que las medidas de emergencia solo pueden aplicarse cuando exista un riesgo extraordinario, inminente y debidamente comprobado, condiciones que, según su análisis, no se evidenciarían en este caso.
Devia también cuestionó la rapidez con la que la UNP aprobó el esquema para Beto Coral. Asimismo, aseguró que numerosos líderes sociales y personas amenazadas continúan esperando medidas de protección, mientras este caso recibió una respuesta inmediata. Por esa razón, calificó la decisión como un presunto “favor político”, lo que intensificó el debate público.
Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha publicado el estudio de riesgo ni los documentos que sustentan la asignación del esquema de seguridad. Entretanto, Briceño cuestiona protección UNP y mantiene su llamado para que la entidad explique el procedimiento aplicado, en una controversia que sigue ocupando un lugar relevante en la agenda política y de seguridad de Colombia.
