Por: Una inspección de la Personería dejó en evidencia las escasez de medicamentos para pacientes con diabetes.
Mediante una inspección realizada por la Personería de Neiva por orden judicial, a dos sedes de las droguerías de Colsubsidio en la ciudad, quedó en evidencia la escasez de insumos esenciales para personas con diabetes.
El personero municipal Jerson Bastidas indicó que ” durante la visita se confirmó que muchos usuarios llevan más de siete meses sin recibir los tratamientos necesarios para controlar esta enfermedad crónica uno de los motivos que aceleró la visita tiene que ver con una orden emitida por el juzgado décimo administrativo del juzgado de Neiva, en el marco de una acción institucional lo que generó la visita para verificar las dos droguerías”.
Las quejas y requerimientos de ciudadanos que recibe la Personería se mantienen y deja en evidencia las graves fallas en el sistema de salud, la escasez no solo compromete la atención a pacientes diabéticos, sino que también pone en evidencia un problema en el país con el abastecimiento. Las quejas de la familia de los pacientes dejan en evidencia que hay usuarios que cumplen siete meses sin que se les entregue los medicamentos.
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Ante esta situación los usuarios que tienen recursos compran los medicamentos y están quienes no cuentan con recursos y no pueden seguir con el tratamiento de las diferentes enfermedades.
“La relación ordinaria de medicamentos que se establecen para este tipo de patologías, la verdad la existencia era muy menor, la existencia de medicamentos para este tratamientos, en una sede era mayor que en la otra, por mes atendían un aproximado de 35.000 fórmulas, muchas de ellas con el tratamiento y control de la diabetes”, afirmó el personero.
Esta situación ha sido catalogada como “grave y reiterativa”, no es la primera vez que se documentan demoras y fallas., este año la personería ha recibido más de 2.000 denuncias ciudadanas relacionadas con el sistema de salud, la mayoría por la no entrega de medicamentos, citas y procedimientos.
Por ahora, las familias afectadas siguen esperando una respuesta concreta. Algunos han optado por interponer acciones de tutela como único recurso para proteger su derecho a la salud, mientras otros enfrentan el drama en silencio, acumulando deterioro físico y emocional.
Por su parte, se hizo el llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que verifiquen el cumplimiento de los contratos y las obligaciones de las EPS y las IPS frente a la población afiliada en el departamento.
