¡Corte aprieta al Gobierno por La Guajira!

Tribunal exige resultados concretos para garantizar agua, salud y alimentación infantil Wayuu.

La crisis humanitaria que afecta a las comunidades indígenas de La Guajira vuelve a encender las alarmas nacionales. La Corte Constitucional lanzó una advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella y ordenó adoptar medidas urgentes para proteger a los niños y niñas Wayuu, quienes continúan enfrentando graves dificultades para acceder al agua potable, la alimentación y los servicios de salud. La decisión establece nuevas obligaciones y plazos para superar esta emergencia. Corte aprieta al Gobierno por La Guajira se convierte así en un llamado institucional frente a una problemática que permanece sin solución.

El alto tribunal determinó que persiste el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), declarado en 2017 por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población Wayuu. Tras una visita de seguimiento realizada el 13 de octubre de 2026, encontró que las condiciones estructurales que originaron la decisión judicial continúan afectando a las comunidades de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

Las cifras conocidas por la Corte reflejan la gravedad de la situación. Según registros del SIVIGILA, durante 2025 se reportaron 142 fallecimientos asociados con infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas y desnutrición aguda en los cuatro municipios priorizados. Además, el reporte preliminar hasta el 23 de octubre de 2026 registraba otras 61 muertes relacionadas con estas causas.

A esta emergencia se suma el deterioro de la infraestructura de abastecimiento de agua. La Superintendencia de Servicios Públicos encontró que 27 sistemas inspeccionados en los cuatro municipios no estaban funcionando. Esta situación evidencia las fallas de mantenimiento, operación y administración de obras financiadas con recursos públicos que deberían garantizar agua a las comunidades.

La Corte también cuestionó la falta de un Plan Estructural de Acción definitivo, financiado y verificable. Aunque la administración anterior presentó una propuesta con 65 acciones y 156 indicadores, el tribunal identificó problemas técnicos, financieros y metodológicos que dificultan medir los resultados y garantizar la atención efectiva de la población. Además, señaló deficiencias en los registros territoriales y en la representación de las autoridades indígenas.

Ante este panorama, Corte aprieta al Gobierno por La Guajira mediante órdenes concretas. El Ejecutivo deberá consolidar una ruta de trabajo con responsables, actividades, financiación y fechas de cumplimiento. Además, la Corte advirtió que la administración actual puede revisar y ajustar el plan anterior, pero no podrá eliminar acciones, reducir metas ni retirar recursos identificados sin demostrar que los cambios garantizan una protección igual o superior para la niñez Wayuu.

Los plazos también quedaron definidos. El Gobierno tendrá cinco días hábiles para remitir documentos técnicos y financieros al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda. Asimismo, contará con 10 días para presentar la ruta de consolidación del plan y los mecanismos de participación indígena, 20 días para establecer la metodología de identificación de beneficiarios y 30 días para entregar el inventario de infraestructura hídrica inoperante y su respectivo plan de intervención.

Finalmente, Corte aprieta al Gobierno por La Guajira con una exigencia que trasciende los anuncios institucionales: convertir las decisiones judiciales en resultados verificables. La protección de la niñez Wayuu requiere agua potable, alimentación, atención médica y participación efectiva de sus comunidades. Ahora, el Gobierno deberá demostrar con acciones, recursos y cumplimiento de los plazos que puede responder a una crisis humanitaria que lleva años afectando a miles de familias indígenas.

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