Sin recursos desde diciembre, la entidad advierte que cerrará el 15 de mayo si la Gobernación no gira el presupuesto.
El Tribunal de Ética Médica del Huila enfrenta una situación crítica por falta de financiación. Su presidente, el magistrado Riaño, alertó que la entidad no recibe recursos suficientes desde diciembre y que el recorte sostenido del presupuesto, durante varios años, la dejó al borde del cierre.
La Secretaría de Salud departamental envía cada año una proyección presupuestal para el funcionamiento del Tribunal. Sin embargo, ese monto ha disminuido de forma progresiva y hoy no cubre las necesidades básicas. La entidad no logra pagar arriendo, servicios ni el mantenimiento de su página web. Los magistrados trabajan sin remuneración y los pocos recursos disponibles se destinan al personal de apoyo administrativo.
La situación llegó a un punto límite. Si el 15 de mayo no llega el desembolso correspondiente, el Tribunal suspenderá sus funciones. Esa decisión afectaría directamente a pacientes y médicos del departamento.
El Tribunal cumple una función clave: vigila el comportamiento ético de los profesionales de la salud. Atiende quejas, investiga posibles faltas y garantiza control disciplinario dentro del ejercicio médico. Su desaparición obligaría a trasladar estos procesos a otras regiones.
En ese escenario, los casos del Huila pasarían al Tribunal de Cundinamarca. Pacientes y médicos tendrían que viajar a Bogotá para presentar quejas o responder procesos, lo que implica costos adicionales y barreras de acceso. Antes de la creación del Tribunal en el Huila, hace unos 15 años, esa era la única alternativa y muchos ciudadanos desistían de denunciar por la complejidad del trámite.
El Colegio Médico del Huila aclaró que no presenta la denuncia, pero participa en la elección de los magistrados y respalda el llamado de urgencia. La entidad insistió en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Tribunal como mecanismo de control y protección para la ciudadanía.
Una norma establece la obligación del departamento de financiar al Tribunal. A pesar de ello, la Gobernación no ha cumplido con los giros necesarios, según la denuncia. Desde el sector médico pidieron al gobernador y al secretario de Salud departamental intervenir de inmediato para evitar el cierre. También solicitaron a la Procuraduría General de la Nación revisar el caso y determinar si existen irregularidades en el manejo de los recursos.
