El mandatario lanzó graves señalamientos contra el expresidente y pidió a la justicia estadounidense examinar posibles delitos.
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte pronunciamiento contra su antecesor, Gustavo Petro, y pidió directamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos investigar posibles hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas relacionadas con el anterior Gobierno.
Durante su declaración, De la Espriella solicitó que las autoridades estadounidenses adelanten las investigaciones con independencia y rigor judicial. Según manifestó, existen hechos que deben esclarecerse y posibles responsabilidades que no pueden quedar sin respuesta.
El mandatario también cuestionó las condiciones en las que recibió el país, al mencionar problemas de seguridad, dificultades en las finanzas públicas y presuntos escándalos de corrupción. Además, advirtió que quienes hayan utilizado indebidamente los recursos del Estado deben responder ante la justicia, sin importar su poder político o económico.
Sin embargo, las declaraciones más contundentes llegaron cuando De la Espriella se refirió directamente a la administración de Gustavo Petro. El presidente calificó ese Gobierno como una «empresa criminal» y aseguró que, desde su perspectiva, se habrían vulnerado leyes y disposiciones internacionales.
«Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo», afirmó el mandatario, al insistir en que la justicia norteamericana debería examinar los hechos que considera susceptibles de investigación penal.
El jefe de Estado también reclamó que las autoridades revisen las pruebas y establezcan si existen elementos suficientes para abrir o avanzar en actuaciones judiciales. No obstante, durante su intervención no identificó expedientes concretos, hechos específicos ni disposiciones internacionales presuntamente vulneradas que respalden sus señalamientos.
De la Espriella reiteró que la justicia debe actuar sin presiones y que cualquier persona involucrada en posibles irregularidades debe responder por sus actuaciones. Su pronunciamiento vuelve a poner en el centro del debate nacional la relación entre el Gobierno actual, la administración anterior y las denuncias de presunta corrupción.
Por ahora, las acusaciones del presidente constituyen señalamientos políticos y no una declaración judicial de culpabilidad contra Gustavo Petro. Cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante investigaciones de las autoridades competentes, pruebas verificables y respeto por el debido proceso.






