Cuestionamientos sobre certificados académicos y un proceso penal por homicidio rodean el caso de la exfuncionaria.
La Alcaldía de Neiva desvinculó a Necdy Tatiana Camacho Guzmán, quien se desempeñaba como agente de tránsito, tras surgir cuestionamientos sobre los documentos académicos que presentó para acreditar los requisitos exigidos para ocupar el cargo. A esta controversia se suma un proceso penal que enfrenta por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la capital huilense.
Camacho Guzmán ingresó a la administración municipal durante el gobierno del exalcalde Gorky Muñoz Calderón. Sin embargo, cuatro años después, la administración de Germán Casagua decidió separarla del cargo, luego de conocerse presuntas irregularidades relacionadas con la acreditación de su formación académica.
El caso tomó fuerza cuando, según la información conocida, la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero habría señalado que la funcionaria no cursó ni aprobó el grado once en ese plantel. Esta respuesta puso en entredicho la documentación utilizada para demostrar que cumplía los requisitos mínimos para ejercer como agente de tránsito.
Tras la decisión administrativa, Camacho Guzmán acudió a diferentes mecanismos jurídicos para intentar permanecer en el cargo. En su defensa presentó nuevos soportes académicos y alegó circunstancias relacionadas con su condición de madre cabeza de familia, situaciones de salud y protección sindical. Además, su representación jurídica cuestionó la correspondencia entre los documentos iniciales y los incorporados posteriormente al expediente.
Dentro de la controversia también aparecieron certificados atribuidos a la Institución Educativa Celestin Freinet, ubicada en Florencia, Caquetá. La documentación y su relación con los requisitos exigidos para el empleo público forman parte de los cuestionamientos conocidos en el caso.
Pero la situación de la exfuncionaria no se limita al ámbito laboral. Camacho Guzmán también afronta un proceso penal por su presunta participación en el homicidio de Ramiro Chavarro Quilindo, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Álvaro Uribe, en el oriente de Neiva. Las autoridades la capturaron en diciembre de ese mismo año.
Según la acusación de la Fiscalía General de la Nación, Camacho Guzmán y su hermanastro, Fabián Esteban Córdoba Guzmán, quien trabajaba como regulador de movilidad, habrían participado en el ataque contra Chavarro Quilindo. La víctima murió tras sufrir una herida con un machete. No obstante, la responsabilidad de los procesados deberá determinarse en el marco de la justicia.
El caso reúne dos controversias que mantienen la atención sobre la exfuncionaria: los cuestionamientos a los documentos académicos relacionados con su vinculación laboral y el proceso penal por homicidio. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, las decisiones definitivas de las autoridades administrativas y judiciales serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades individuales.
