Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel, acusados del saqueo as Invías y Gestión del Riesgo
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en centro carcelario de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por su presunta participación en el saqueo y direccionamiento de contratos en la UNGRD e INVIAS.
La decisión judicial fue más severa de lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido detención domiciliaria. Sin embargo, la magistrada a cargo consideró que existen suficientes evidencias de un “pacto criminal” dentro del alto gobierno, relacionado con la compra de votos a congresistas mediante millonarios contratos públicos.
Según la togada, este entramado de corrupción aún no ha sido desmantelado del todo. La medida de cárcel, explicó, busca proteger la institucionalidad y prevenir la reconfiguración de una red criminal de alto nivel dentro del Estado.
En su decisión, la magistrada señaló que la Fiscalía presentó pruebas sólidas y testimonios clave, entre ellos los de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, quienes revelaron cómo operaba la supuesta estructura criminal.
El caso, calificado como un “entramado criminal”, habría usado las reformas pensional y de salud —banderas del gobierno Petro— como excusa para tejer acuerdos irregulares entre el poder ejecutivo y legislativo. La Fiscalía aseguró que los exministros lideraron un plan para usar la UNGRD e INVIAS como fuente de sobornos destinados a comprar votos en el Congreso.
El caso en cuestión
Los investigadores señalan que se habrían direccionado 74 contratos en el INVIAS y cinco en la UNGRD, por un valor superior a 612 mil millones de pesos. De ellos, al menos siete proyectos se concretaron.
La crisis se originó con el escándalo de los carrotanques en La Guajira, considerado el detonante de una trama que reveló una alianza entre funcionarios del Ejecutivo y legisladores para manipular recursos públicos.
Con la decisión de enviar a los exministros Bonilla y Velasco a la cárcel, la justicia colombiana da un golpe contundente a una red que, según la Fiscalía, aún continúa operando dentro de las estructuras estatales.
