Exministra del Deporte enfrenta cargos por presuntas irregularidades en contrato superior a $4.950 millones.
La Fiscalía General de la Nación lanzó una acusación formal contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en un millonario convenio para implementar un sistema de identificación y control de aficionados en los estadios de fútbol de Colombia. La investigación apunta a posibles delitos contra la administración pública y falsedad documental.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló cargos contra Urrutia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Los hechos investigados corresponden a su gestión al frente del Ministerio del Deporte y están relacionados con la ejecución del Decreto 1622 de 2022.
El proyecto contemplaba desarrollar una plataforma tecnológica para vincular los documentos de identidad de los aficionados con sus respectivas entradas a los escenarios deportivos. Además, el sistema permitiría consultar antecedentes y detectar restricciones legales para impedir el ingreso de personas que tuvieran prohibido asistir a estos espectáculos.
Sin embargo, el convenio terminó en el centro de una investigación penal. Según la Fiscalía, Urrutia habría contratado directamente con Aldesarrollo la ejecución de estudios relacionados con el Sistema de Validación Nacional y los mecanismos de acceso a los estadios. El negocio superó los 4.950 millones de pesos y, según la acusación, desconoció disposiciones legales que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.
Pero las presuntas irregularidades no terminarían allí. Los investigadores señalaron que el convenio habría condicionado la subcontratación de una empresa particular, cuya participación, al parecer, estaba previamente acordada. Este señalamiento constituye uno de los elementos que deberá evaluar la justicia.
Además, la Fiscalía detectó posibles fallas desde la etapa de planeación contractual. Según el organismo, el Ministerio del Deporte no habría realizado estudios de mercado ni establecido procedimientos suficientes para determinar los costos reales del proyecto y justificar el valor del negocio.
A esto se sumaron las advertencias de funcionarios de las áreas técnica y jurídica del Ministerio, quienes habrían alertado sobre posibles irregularidades en el proceso. No obstante, según la acusación, Urrutia habría desatendido esas observaciones y firmado el convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.
La Fiscalía también cuestionó el contenido de documentos públicos utilizados para respaldar la contratación. Según la investigación, los estudios previos y el acto administrativo de justificación habrían incluido información contraria a la realidad. Ahora, la exministra deberá enfrentar el proceso judicial, mientras la justicia determina su eventual responsabilidad penal. La acusación no representa una condena y Urrutia mantiene su presunción de inocencia.
