Decisión judicial favorece al expresidente tras investigación por presunto soborno a testigos denunciado por Iván Cepeda.
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, dentro de un expediente relacionado con una denuncia del senador Iván Cepeda. La determinación, fechada el 12 de noviembre de 2026, se fundamentó en la falta de pruebas para establecer la existencia de los hechos investigados.
La decisión representa un nuevo capítulo en las controversias judiciales que han rodeado al exmandatario. En esta actuación, la Fiscalía examinó posibles entregas de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, quienes presuntamente habrían recibido pagos a cambio de modificar o entregar declaraciones favorables en procesos judiciales.
Durante la investigación, el ente acusador revisó operaciones inmobiliarias relacionadas con Gabriel Muñoz, incluido el levantamiento de una hipoteca. Sin embargo, encontró que los negocios se realizaron entre 2009 y 2011 y respondían a acuerdos comerciales con justificación económica. Además, las fechas no coincidían con los presuntos ofrecimientos económicos denunciados, que habrían ocurrido en 2015.
La Fiscalía también evaluó las declaraciones que sustentaban las sospechas sobre supuestos pagos. No obstante, encontró que parte de la información provenía de rumores escuchados por uno de los declarantes durante su permanencia en un centro de reclusión. Por tanto, el material recopilado no permitió demostrar las acusaciones.
Fiscalía archiva caso Uribe con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. La entidad explicó que no logró establecer la existencia de los hechos denunciados. Sin embargo, aclaró que podrá reabrir las diligencias si aparecen nuevas evidencias mientras la acción penal permanezca vigente.
La determinación también obliga a diferenciar este expediente de otros procesos judiciales que involucran al expresidente. En particular, no significa el cierre automático del caso principal por manipulación de testigos, cuya actuación tuvo un recorrido judicial independiente y llegó a instancias superiores.
Por otra parte, permanece bajo investigación otro expediente relacionado con las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997, en Ituango, Antioquia. Esta actuación examina posibles responsabilidades por hechos atribuidos a estructuras paramilitares durante la administración de Uribe como gobernador. El exmandatario ha rechazado los señalamientos.
Fiscalía archiva caso Uribe, pero la decisión no pone fin a todas las investigaciones relacionadas con el exmandatario. Por ahora, el pronunciamiento se limita al expediente específico por presuntos pagos a testigos y deja abierta la posibilidad de nuevas actuaciones si surgen elementos probatorios que cambien la determinación.
