Contraloría detecta daño fiscal de $5.670 millones en la Aeronáutica Civil.
La Contraloría General de la República reveló un hallazgo fiscal por $5.670 millones en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), tras una Auditoría Financiera realizada a esta entidad del Estado encargada de la regulación y control de la aviación civil en Colombia. El informe evidenció graves irregularidades en contratos de mantenimiento y operación de plantas de tratamiento de agua en varios aeropuertos del país.
De acuerdo con el organismo de control, la Aerocivil suscribió en 2022 el Contrato 22001380 02 H3, cuyo objeto era garantizar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en terminales aéreos de la regional centro sur. Sin embargo, este contrato se ejecutó sin contar con las licencias ambientales y permisos exigidos por la normatividad vigente.
La Contraloría advirtió que los aeropuertos de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón fueron intervenidos sin las autorizaciones de concesión de aguas ni de vertimientos. Esto no solo constituye un incumplimiento legal, sino que también representa un riesgo para la salud pública de viajeros y comunidades cercanas a los terminales aéreos.
En el caso de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), es obligatorio contar con la concesión de aguas otorgada por las Corporaciones Autónomas Regionales. Para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se requiere el permiso de vertimientos. Ninguno de estos requisitos fue gestionado debidamente por la Aerocivil en los aeropuertos auditados.
El informe fue enfático en señalar que, en terminales como Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia, no existen permisos vigentes para operar los sistemas de agua potable. Asimismo, en Neiva, Pitalito, Mariquita, Guaymaral, Florencia y otros municipios, tampoco se han expedido las autorizaciones ambientales necesarias para los vertimientos de aguas residuales.
La auditoría también evaluó el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, cuyo objetivo es mejorar la conectividad aérea de las regiones apartadas. La Aerocivil comprometió más de $377.000 millones en convenios con el Ejército Nacional y ENTerritorio para intervenir 14 aeródromos, sin embargo, los avances reportados son mínimos.
A diciembre de 2024, el avance físico ponderado del programa ASAES apenas alcanzaba el 2,31%, pese a que su culminación está proyectada para mayo de 2025. Únicamente los aeródromos de Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%) muestran algún grado de ejecución. Este rezago amenaza con generar sobrecostos y retrasos significativos, incumpliendo los compromisos asumidos con las comunidades.
La Contraloría concluyó que las deficiencias encontradas en la Aerocivil comprometen tanto la seguridad ambiental y sanitaria de los aeropuertos como la eficiencia en la ejecución de proyectos estratégicos de conectividad. La entidad anunció que continuará con los procesos de responsabilidad fiscal para garantizar que se respondan los daños ocasionados al patrimonio público.
