El Ejército confirmó la presencia de menores fallecidos en un operativo militar contra las disidencias en el Guaviare.
Durante un operativo llevado a cabo por la Fuerza Pública el pasado 27 de agosto contra tres zonas campamentarias de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, en inmediaciones del río Inírida, municipio de El Retorno (Guaviare), murieron tres menores de edad, operativo militar en Guaviare que dejó un saldo de 10 combatientes neutralizados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, tres de los 10 combatientes muertos pertenecientes a las disidencias de las FARC eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno, 16 años. El operativo militar ha generado un debate sobre el reclutamiento de adolescentes en el conflicto armado.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
La entidad responsabilizó a los grupos armados organizados narcoterroristas por estas prácticas y recordó que el reclutamiento forzado está contemplado como delito en la legislación colombiana. El operativo militar en Guaviare también dejó un menor recuperado que se encontraba en función continua de combate.
Como resultado de la operación militar, fueron neutralizados 10 integrantes de la estructura armada, todos ellos combatientes. Además, las autoridades capturaron a una persona más y recuperaron a un menor de edad, a quien le fueron restablecidos sus derechos. En el lugar fue incautado un importante arsenal.
Lo que dejó la acción militar
El balance entregado por el Ministerio de Defensa incluyó 19 fusiles, 7 ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, 22 granadas para mortero, 184 minas antipersonales, más de 29.000 municiones y otros elementos de guerra.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa adelantan una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores. La estrategia contempla estudiar posibles ajustes penales, el agravamiento de sanciones y el fortalecimiento de la persecución contra las cadenas de mando.
El Ministerio de Defensa aseguró que el operativo militar se realizó teniendo en cuenta los estándares legales establecidos para este tipo de acciones durante las etapas de planeamiento y ejecución. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional.
