Presentada iniciativa en el Congreso para evitar la presencia de encapuchados en las protestas, buscan evitar actos vandálicos.
En un intento por frenar los desmanes y el vandalismo durante las movilizaciones sociales, los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta presentaron un proyecto de ley contra encapuchados en protestas que busca establecer sanciones específicas para quienes oculten su identidad mientras cometen delitos. La propuesta no busca prohibir la protesta social, sino endurecer medidas contra grupos minoritarios que se infiltran en las marchas.
El objetivo principal del proyecto de ley es tipificar una nueva conducta en el Código Penal. Según explicó el representante Triana, se pretende crear un “tipo penal especial y a la medida de quienes se ponen una capucha, no para marchar, ni para protestar, sino para adelantar actos delictivos”.
Para el legislador, la existencia de encapuchados que atacan a la fuerza pública, lanzan bombas incendiarias o dañan infraestructura crítica requiere una respuesta estatal contundente. El proyecto de ley busca modificar el Código Penal para sancionar a quienes ejecuten actos vandálicos ocultando su identidad.
“En este delito hemos creado y vamos a promover que la pena sea de cuatro años a ocho años, buscando que no sea excarcelable”, afirmó el congresista. El proyecto de ley contra encapuchados busca que el operador judicial tenga una herramienta clara para procesar a los responsables de estos actos.
Aclarando
Ante las críticas sobre si esta medida podría coartar el derecho a la manifestación pacífica, Triana fue enfático en desmarcar su iniciativa de cualquier intención de criminalización. Aclaró que el uso de capuchas por sí mismo no constituye el delito, sino el hecho de ocultar el rostro con el fin deliberado de cometer un ilícito.
“En ningún momento estamos buscando criminalizar la protesta, porque el tipo penal se aplicará siempre y cuando quien oculte su identidad incurra en la comisión de un acto vandálico”, explicó. El proyecto de ley define el ocultamiento con máscara, pasamontañas o cualquier elemento que impida el reconocimiento físico.
La iniciativa establece agravantes punitivos basados en el contexto y los medios utilizados. “Estamos poniendo agravantes cuando se utilizan artefactos peligrosos diseñados artesanalmente, pero también cuando se hace en instituciones de salud, educación, socorro o cuando se afecta infraestructura pública”, puntualizó el representante.
Esta iniciativa, a juicio de los ponentes, busca darle al país herramientas jurídicas para enfrentar el vandalismo en manifestaciones. La propuesta, construida por un grupo interdisciplinario de congresistas, espera ser debatida en el Congreso para fortalecer el Estado de derecho y proteger los bienes públicos y privados.
