Se mantiene aumento del salario mínimo…por ahora

Sigue en pie el aumento del salario mínimo de 2026, luego de ser rechazada una tutela en su contra, aunque la batalla apenas comienza.

La tutela contra salario mínimo 2026 presentada por el exmagistrado Alejandro Linares fue rechazada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Con esta decisión, el aumento del 23% decretado por el Gobierno Nacional continúa en firme mientras se estudia el fondo de la acción.

El fallo negó la medida provisional solicitada por Linares, quien actuó como apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón. El abogado pedía la suspensión temporal del decreto 1469 de 2025, al considerar que el incremento salarial generaba un perjuicio irremediable para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y para el sector informal.

Según el exmagistrado, el aumento abrupto podría provocar despidos, cierres de negocios y mayor informalidad laboral. No obstante, el juez determinó que no existían razones suficientes para conceder la medida cautelar, por lo que el decreto presidencial sigue vigente.

La tutela contra salario mínimo 2026 se interpuso contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Linares argumentó que el decreto vulnera el derecho al debido proceso y desconoce el principio de concertación tripartita.

De acuerdo con la acción, el Gobierno expidió la norma sin diálogo con empresarios ni trabajadores, contrariando los mecanismos establecidos para fijar el salario mínimo anual.

El exmagistrado también cuestionó que el incremento del 23% en el salario y del 24,5% en el auxilio de transporte —para un aumento total del 23,7%— se sustentara en el concepto de “salario vital”.

Linares afirmó que dicho concepto, basado en un estudio de la OIT, no tiene respaldo legal en el marco colombiano y se usó como argumento extralegal para justificar el alza.

Por ahora, la tutela contra salario mínimo 2026 continúa en estudio, mientras el decreto mantiene plena vigencia y las autoridades evalúan su constitucionalidad.

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