Con la llegada del nuevo año hay otro punto que genera más de un dolor de cabeza al colombiano: el aumento del precio del transporte intermunicipal.
La crisis del transporte intermunicipal marca el inicio del 2026 con una creciente preocupación entre pasajeros y empresas. El alza en tarifas de rutas como Zipaquirá-Bogotá refleja la presión económica que enfrenta el sector, que advierte incrementos de hasta un 25% en algunas rutas debido al aumento generalizado de costos.
Según Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ADITT), la crisis del transporte intermunicipal está impulsada por el incremento del salario mínimo, considerado desproporcionado por los empresarios, ya que representa el 23% de los gastos operativos.
El escenario se agrava con el alza del diésel —100 pesos más por galón desde 2025— y con el incremento paralelo de peajes, seguros y trámites que se ajustan al IPC o al salario mínimo, generando un ecosistema financiero difícil de sostener.
Las empresas preveían aumentos moderados, entre el 10% y 11%, pero la realidad muestra una presión de costos que eleva los ajustes tarifarios por encima del 20%, afectando la movilidad de miles de usuarios.
Cada compañía mantiene libertad tarifaria, aunque debe reportar su estructura de costos y avisar a los usuarios. Las rutas largas, como Bogotá-Barranquilla, son las más golpeadas al requerir varios conductores por vehículo.
Además, el gremio denuncia que la autorretención redujo la liquidez en un 218%, profundizando la crisis del transporte intermunicipal y generando dificultades para sostener empleos y flotas.
A ello se suma un repunte de la inseguridad en las vías, donde bandas criminales y extorsiones encarecen aún más el servicio.
Finalmente, los bloqueos, la precariedad vial y los grupos armados deterioran la confianza del pasajero y agravan el desafío del transporte intermunicipal en Colombia.
