El burgomaestre de Acevedo y su secretario de Gobierno, han sido judicializados por presunto acoso sexual.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de Acevedo, Edgar Prada Sterling, y al secretario de Gobierno, Sebastián Silva Peña, por su presunta responsabilidad en el acoso sexual del que habría sido víctima una mujer en ese municipio. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025, período durante el cual los procesados, al parecer, realizaron actos verbales y físicos que vulneraron la libertad y la dignidad de la víctima, quien se desempeñaba como contratista del municipio.
Según los elementos recopilados por el ente acusador, los funcionarios presuntamente se habrían valido de sus cargos para afectar la libertad sexual y la dignidad de la mujer, llegando incluso a intimidarla con posibles repercusiones laborales, entre ellas la pérdida de su trabajo. La víctima habría sido sometida a conductas de asedio, intimidación e insinuaciones de carácter sexual por parte de los procesados.
Las investigaciones revelaron que las conductas habrían comenzado con reiteradas invitaciones para sostener encuentros privados, incluidas propuestas para compartir espacios íntimos. Posteriormente, estas situaciones, al parecer, escalaron a episodios de contacto físico no consentido, afectando el bienestar físico y emocional de la víctima.
Imputados
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de acoso sexual agravado, una conducta penal que contempla sanciones severas debido a la relación de subordinación entre los agresores y la víctima. La condición de contratista de la mujer la hacía especialmente vulnerable, ya que dependía laboralmente del municipio y, por tanto, de la voluntad de los funcionarios procesados. Prada Sterling y Silva Peña no aceptaron el cargo, por lo que el caso continuará su curso judicial.
El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en el sector público, donde las relaciones de poder pueden generar condiciones de vulnerabilidad. La Fiscalía ha señalado que continuará recopilando pruebas para sustentar la acusación y garantizar que se haga justicia en este caso.
La comunidad de Acevedo ha manifestado su preocupación por el impacto que este proceso penal pueda tener en la administración municipal. Sin embargo, las autoridades han recordado que la presunción de inocencia ampara a los procesados hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. El alcalde y el secretario de Gobierno deberán enfrentar el proceso judicial mientras continúan ejerciendo sus funciones, aunque podrían ser suspendidos si el juez lo considera necesario.
