Pese a los cuestionamientos, se viene avanzando a nivel nacional en la implementación del nuevo pasaporte.
El debate sobre el la implementación del nuevo pasaporte volvió a tomar fuerza tras nuevos cuestionamientos al acuerdo firmado para producir estos documentos. En medio de la polémica, el Gobierno asegura que este proceso avanza sin inconvenientes.
El convenio fue firmado entre la Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. Según el Ejecutivo, el objetivo es garantizar la producción de pasaportes con estándares internacionales de seguridad.
Sin embargo, la implementación del nuevo pasaporte ha recibido críticas de distintos sectores políticos y jurídicos. Las dudas se centran principalmente en la legalidad del acuerdo y en los mecanismos utilizados para su implementación.
Cero problemas
A pesar de esas críticas, la Cancillería aseguró mediante un comunicado que no existen problemas en la producción de los documentos. Por el contrario, afirmó que el abastecimiento de pasaportes está garantizado para los ciudadanos.
Además, el Gobierno sostuvo que algunos cuestionamientos envían un mensaje equivocado a la opinión pública. Según las autoridades, esas versiones buscan generar incertidumbre sobre un proceso que, aseguran, se desarrolla con transparencia.
En el ámbito judicial, uno de los procesos avanza en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras una actuación impulsada por la Procuraduría General de la Nación. Frente a esta decisión, el Fondo Rotatorio de la Cancillería presentó un recurso de reposición.
La entidad argumenta que las controversias relacionadas con el contrato deben resolverse ante un tribunal de arbitramento internacional, tal como lo establece la cláusula compromisoria pactada en el acuerdo.
Mientras tanto, también continúa una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont, así como una tutela ante el Consejo de Estado. En ambos casos, el Fondo Rotatorio insiste en que el convenio de pasaportes colombianos cumple los requisitos legales y garantiza el servicio para los ciudadanos.
