Por: En Belén, más de 150 personas por presiones de disidencias se concentraron de manera desafiante para exigir la salida del ejército.
En zona rural de La Plata, Huila, mediante un audio de WhatsApp, habitantes de Belén fueron citados por parte de disidencias de las Farc para evitar la presencia del Ejército. Exigieron a los presidentes de juntas de acción comunal del corregimiento ordenar a las comunidades salir para impedir el ala presencia del Ejército en los operativos que se vienen realizando en la zona.
En el audio que sería de un cabecilla de las FARC que delinque en esta zona, se escucha: “buenas tardes, compañero, para que me le haga llegar este audio a toda la comunidad de Belén y veredas aledañas, para que asistan a un acompañamiento para retirar las Fuerzas Públicas, para no tener nosotros que entrar en confrontamiento con ellos y así que la población no quede en medio de fuegos cruzados”.
En el audio se advierte que es de carácter obligatorio para todos salir y quien no salga será multado.
El coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada, indicó que “al principio llegaron más o menos 50 civiles donde se mantuvo un diálogo cordial con los soldados de la Novena Brigada, pero debido a esta presión, en horas de la noche llegaron más de 150 civiles donde no violentaron a los soldados, pero producto de estas intimidaciones asumían una actitud desafiante para que nuestros soldados salieran de la zona”.
Lea también: Así va la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales
Desde el Ejército se rechazó esta situación realizada por integrantes del grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, que mediante amenazas e intimidación instrumentalizan a la población civil para impedir la presencia del ejército nacional.
Lo que se conoció es que esta estructura, bajo amenazas de cobros extorsivos, exige hasta 1 millón de pesos y obliga a los campesinos a que salgan enfrente a los soldados y les impidan la libre movilidad con la intención de expulsar a los soldados de este sector rural.
Por parte de la institucionalidad, se hizo el llamado a los diferentes organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, la Personería, Naciones Unidas y a todos aquellos que están en defensa de los derechos humanos de la población civil y del personal militar para evitar estas situaciones.
