Por: Así lo advierten expertos juristas del país frente a lo expuesto por el presidente Gustavo Petro.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha generado una fuerte reacción en el ámbito jurídico colombiano. En un foro realizado por la Universidad del Rosario, exmagistrados de la Corte Constitucional y académicos advirtieron que la Constituyente es jurídicamente inviable y podría representar un riesgo autoritario si no se realiza dentro del marco legal establecido.
Durante el panel “La consulta popular en la mira: problemas constitucionales y retos institucionales”, el exmagistrado Antonio Lizarazo fue enfático al señalar que se trata de un proyecto con tintes autoritarios. “Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución. Si no lo enfrentamos desde la ciudadanía, Colombia se va a arrepentir”, expresó con firmeza.
Luis Guillermo Guerrero, también exmagistrado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, señaló que la Constituyente es jurídicamente inviable si no se tramita conforme al procedimiento establecido en la Constitución de 1991. “Pretender eludir el camino legal provoca una reacción institucional legítima”, advirtió el jurista, subrayando la necesidad de una ley aprobada por el Congreso y una consulta popular.
El exmagistrado Alejandro Linares coincidió con la crítica y sugirió que la propuesta tiene un trasfondo electoral. Según él, la supuesta “papeleta constituyente” no tendría viabilidad jurídica, pero sí podría movilizar simpatías en favor del oficialismo: “Lo que quiere Petro es un gancho para su lista al Senado”, señaló con contundencia.
María Andrea Calero Tafur, conjuez del Consejo de Estado, explicó que aunque el control judicial sobre decisiones políticas es limitado, la jurisdicción contencioso-administrativa sí puede actuar cuando se violan elementos jurídicos esenciales. “El control debe ceñirse estrictamente a los elementos jurídicos, no a decisiones de conveniencia”, aclaró.
Martha Sáchica, exsecretaria de la Corte Constitucional, insistió en que trivializar los procedimientos de participación ciudadana amenaza el pacto constitucional. “La participación no puede desligarse del conocimiento jurídico ni de sus consecuencias institucionales”, afirmó. Según ella, la Constituyente es jurídicamente inviable si se utiliza como herramienta populista sin rigor legal.
El profesor Héctor Rojas advirtió sobre el riesgo de desestabilización institucional si se impulsa una constituyente desde el Ejecutivo sin respaldo popular ni trámite legislativo. “Si voy a remodelar la cocina, no tumbo toda la casa”, dijo, cuestionando la desproporción del mecanismo propuesto frente a las necesidades reales del país.
Además, Rojas recordó que una Constitución debe tener vocación de permanencia y mecanismos estrictos para su reforma, lo cual garantiza estabilidad frente a cambios motivados por intereses políticos coyunturales. “Las constituciones están hechas para durar y deben evolucionar con seriedad jurídica y deliberación democrática”, recalcó.
Cristina Pardo, decana de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, fue la encargada de moderar el panel, y en su intervención inicial subrayó la importancia de proteger el equilibrio entre participación ciudadana y seguridad jurídica para evitar crisis de legitimidad institucional.
El evento se desarrolló en el Auditorio Jockey del Rosario y fue inaugurado por la rectora Ana Isabel Gómez, quien resaltó el rol de las universidades en fomentar debates responsables sobre el futuro democrático del país. “La Universidad tiene el deber de propiciar estos encuentros donde el conocimiento se pone al servicio del país”, expresó.
La jornada concluyó con un mensaje claro: la Constituyente es jurídicamente inviable si no respeta los canales institucionales. El panel no solo alertó sobre los riesgos de su implementación, sino que también reafirmó el papel de la academia en defender el Estado de derecho y educar a una ciudadanía crítica y bien informada.
