Según la Human Rights Watch, el año pasado para Colombia no fue el mejor en materia humanitaria, siendo la más grave del último tiempo.
La crisis humanitaria en Colombia durante 2025 fue una de las más graves de la última década, marcada por abusos de grupos armados y violencia que afectó especialmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, según el informe mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW).
El documento señala que los grupos armados continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos, mientras que el acceso a la justicia siguió siendo limitado y la pobreza profundizó la vulnerabilidad de poblaciones afectadas.
Durante enero y agosto de 2025, más de 137.000 personas quedaron confinadas en sus comunidades debido a amenazas, combates y otras acciones de grupos armados, según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citadas por HRW.
De igual forma, 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos en ese mismo periodo, lo que representó un aumento significativo del 145 % frente a 2024.
La Defensoría del Pueblo reportó un incremento preocupante en los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, con 625 casos registrados en 2024, un aumento del 81 % sobre el año anterior, y Naciones Unidas alertó que esta tendencia persistió en 2025.
La situación más crítica se observó en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC obligaron a decenas de miles de civiles a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes en décadas.
En el contexto electoral, la violencia política también dejó huella. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en agosto de 2025 empañó aún más el periodo previo a las elecciones de 2026, generando preocupación por la seguridad del proceso democrático.
El calendario electoral colombiano arranca con las legislativas el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo de 2026, con una eventual segunda vuelta prevista para el 21 de junio. HRW advirtió sobre riesgos a los derechos civiles y políticos en al menos 224 municipios del país, demandando medidas urgentes para proteger el proceso electoral.
