Documentos reservados revelarían presuntas operaciones de espionaje, irregularidades contractuales y ataques electorales.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encendió las alarmas por las presuntas operaciones de espionaje, contratación irregular e interferencia electoral durante el Gobierno de Gustavo Petro. El informe, conocido por Noticias Caracol, advierte sobre posibles actuaciones ilegales que comprometerían el funcionamiento de la agencia estatal. DNI bajo sospecha es el panorama que describen los archivos internos.
El documento de empalme, elaborado en julio de 2026 y dirigido a la nueva administración de la entidad, contiene 26 páginas con fotografías, testimonios y reportes internos. Entre los principales señalamientos aparece un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.
Según el informe, el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 habría facilitado la participación de la DNI en la asignación de estos automotores. Sin embargo, exfuncionarios cuestionaron esa intervención y advirtieron que instalar equipos de seguimiento sin autorización podría representar una extralimitación de funciones.
DNI bajo sospecha también aparece relacionada con una presunta casa clandestina de inteligencia en Bogotá, ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos. Los documentos señalan que el inmueble habría funcionado como centro operativo y que sus registros desaparecieron después de las elecciones presidenciales.
Otro capítulo compromete millonarios contratos tecnológicos. El informe cuestiona la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos, que habría presentado fallas técnicas. Además, menciona sistemas biométricos sin implementar y 595 computadores adquiridos por 1.314 millones de pesos que presuntamente presentaron deficiencias.
Las alertas también incluyen posibles riesgos informáticos. Según los documentos, algunos dispositivos entregados a funcionarios después de una capacitación en Rusia podrían contener programas maliciosos. Por ello, recomendaron realizar revisiones forenses para establecer posibles vulnerabilidades y accesos no autorizados.
Uno de los señalamientos más delicados involucra al ingeniero Carlos Oyola, relacionado en los registros internos con presuntas operaciones contra sistemas estatales. Una anotación lo vincularía con un supuesto plan para alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría Nacional.
DNI bajo sospecha deja así graves interrogantes sobre los controles institucionales, el manejo de recursos públicos y los límites legales de la inteligencia estatal. Los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes para establecer responsabilidades y determinar si existieron actuaciones ilegales durante la administración anterior.
