Gobierno de Abelardo De La Espriella, enfocará esfuerzos en seguridad y sometimiento a la Ley, se acaban todas las negociaciones.
La decisión sobre el Fin de Procesos de Paz marca un nuevo rumbo para la política de seguridad en Colombia. Según lo expresado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, el país cerrará definitivamente las mesas de diálogo con grupos armados ilegales para concentrar sus esfuerzos en fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la ley.
Durante varias décadas, los diferentes gobiernos colombianos promovieron negociaciones y acuerdos con organizaciones al margen de la ley. El caso más representativo fue el acuerdo firmado con las FARC en 2016, considerado el pacto de paz más importante alcanzado con una guerrilla en la historia reciente del país.
Sin embargo, diversos sectores han señalado que no todos los integrantes de las FARC se desmovilizaron. Por el contrario, algunas estructuras armadas permanecieron activas y continuaron operando en distintas regiones del territorio nacional.
Asimismo, el Movimiento 19 de Abril (M-19) logró en su momento una desmovilización masiva mediante un proceso de negociación. No obstante, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sostenido conversaciones durante décadas sin alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto.
El mandatario aseguró que el Fin de Procesos de Paz responde a la necesidad de evaluar los resultados obtenidos en los últimos años. Según su análisis, la estrategia de ‘Paz Total’ implementada durante el gobierno de Gustavo Petro, no produjo las reducciones esperadas en materia de violencia, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales, antes, por el contrario, incrementó todas las cifras de inseguridad en Colombia.
Cifras oficiales han evidenciado preocupaciones relacionadas con el aumento del reclutamiento de menores, las violaciones de derechos humanos y el fortalecimiento de organizaciones criminales en varias zonas del país.
De igual manera, recientes denuncias sobre el denominado “voto fusil”, que hace referencia a presuntas presiones armadas contra ciudadanos durante las elecciones presidenciales, fortalecieron la decisión gubernamental de modificar la estrategia frente al conflicto armado.
Por ello, el presidente electo confirmó que el Fin de Procesos de Paz será efectivo a partir del 7 de agosto.
Desde esa fecha desaparecerán las mesas de negociación y solo existirá la opción de sometimiento a la justicia.
En consecuencia, la prioridad del Gobierno será fortalecer la seguridad nacional, combatir los grupos ilegales y proteger a la población colombiana, como determinación ya tomada por el nuevo presidente Abelardo De La Espriella.
