Como deficiente, así fue calificado por Transparencia por Colombia, la gestión del gobierno saliente de Gustavo Petro
Transparencia por Colombia presentó un balance de la agenda anticorrupción del Gobierno Petro, en el que concluyó que el cumplimiento en esta materia fue deficiente luego de cuatro años de gestión. La organización señaló que la iniciativa inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no logró consolidar cambios estructurales en el país.
La organización también advirtió que el Gobierno Nacional “careció de un acompañamiento y liderazgo ético del presidente, quien, por el contrario, estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”. Esta falta de liderazgo habría debilitado los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en todas las esferas del Estado.
En materia de fortalecimiento de la arquitectura institucional, la entidad señaló que la iniciativa terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente. La agenda anticorrupción del Gobierno Petro no logró trascender más allá de medidas aisladas que no abordaron las causas estructurales del problema.
¿Hubo algo bueno?
Durante este periodo se impulsaron medidas como la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, el Sistema Nacional de Integridad y la creación de la Línea 157 para la recepción de denuncias. No obstante, la organización advierte que aún es necesario evaluar el impacto real de estas iniciativas en la prevención y reducción de la corrupción.
En materia de protección a denunciantes de corrupción se registraron avances en el trámite legislativo para crear un marco de protección más sólido. Sin embargo, estos esfuerzos han carecido de continuidad y aún no se traducen en garantías efectivas para quienes denuncian hechos de corrupción, lo que desincentiva la denuncia y perpetúa la impunidad.
El balance destaca el inicio de la formulación de la ‘Política Pública de Acceso a la Información’, una deuda pendiente desde la expedición de la Ley 1712 de 2014. Aunque este proceso representó un avance importante, la política no logró ser aprobada antes de finalizar el periodo de gobierno, quedando como una tarea inconclusa para la próxima administración.
La transparencia y la paz
En lo relacionado a la paz, el Gobierno impulsó acciones para fortalecer la transparencia en la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellas la publicidad de la contratación prevista en la Ley de Paz Total. Sin embargo, persisten riesgos asociados a la discrecionalidad en la selección de proyectos y a las limitaciones para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos, lo que mantiene alerta a la ciudadanía.
La agenda anticorrupción del Gobierno Petro deja un saldo mixto, con avances puntuales pero sin transformaciones profundas. La organización realizó recomendaciones para el próximo gobierno, particularmente en materia de liderazgo, coordinación institucional y sostenibilidad de las políticas de integridad. La lucha contra la corrupción requiere de voluntad política y continuidad en las políticas públicas, aspectos que, según el balance, estuvieron ausentes en los últimos cuatro años.
