Corte Suprema indaga presunto abuso de función pública en operativo carcelario
La senadora Isabel Zuleta quedó vinculada formalmente a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de abuso de función pública, relacionado con un operativo realizado en la cárcel La Picota, en Bogotá. La diligencia ocurrió este 17 de septiembre de 2026.
La congresista del Pacto Histórico acudió a la Sala de Instrucción acompañada de su abogado para rendir indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán. Con esta actuación judicial, la Corte avanzó formalmente en el proceso y permitió que Zuleta ejerciera su derecho a la defensa.
Operativo en La Picota
Los hechos investigados ocurrieron el 10 de julio de 2025, cuando las autoridades realizaron un procedimiento en la cárcel La Picota. Durante el operativo encontraron un arma de fuego a partir de información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá.
La Corte Suprema busca establecer si Isabel Zuleta participó únicamente en el allanamiento o si también intervino en el procedimiento que terminó con la incautación del arma. El alto tribunal analiza, además, si la congresista excedió las funciones que tenía asignadas en ese momento.
Según la información conocida sobre el expediente, el arma presuntamente iba a utilizarse contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y recluido en el pabellón de extraditables de La Picota.
Isabel Zuleta queda investigada en este proceso mientras la Corte Suprema determina las circunstancias de su participación. La congresista, por su parte, ha sostenido que su presencia en procedimientos relacionados con personas privadas de la libertad se enmarcaba en las funciones políticas que desarrollaba durante los procesos de paz del anterior Gobierno.
Además, la senadora enfrenta otra actuación ante la Sala de Instrucción por un caso relacionado con el denominado ‘tarimazo’ de La Alpujarra, en Medellín. Ese expediente analiza presuntas gestiones para trasladar a privados de la libertad desde la cárcel La Paz, en Itagüí, hasta ese escenario público.
Ahora, la Corte Suprema deberá continuar con el análisis del expediente y valorar los elementos recopilados durante la investigación. La indagatoria constituye una etapa del proceso y no representa, por sí misma, una condena contra la congresista.
