Entidades del Huila agilizan contratos antes de Ley de Garantías
Una maratón de convenios oficiales se da por estos días en el Huila, pero además se desarrollan a toda marcha en las entidades públicas. Este fenómeno se da ante la inminente entrada en vigencia de la Ley de Garantías, normativa que busca garantizar la transparencia y la equidad durante los procesos electorales en el país.
Con el inicio de la Ley de Garantías programado para el 8 de noviembre, las oficinas de contratación de varias instituciones oficiales trabajan intensamente para suscribir acuerdos antes de que entre en vigor la restricción legal. Esta ley impide la celebración de convenios interadministrativos que involucren recursos públicos, salvo en casos excepcionales.
La maratón de convenios en el Huila refleja la intención de las administraciones locales de dejar asegurados los proyectos más importantes antes del cierre temporal de la contratación directa. Esta medida afecta tanto a los municipios como a la Gobernación, que buscan cumplir metas trazadas para este fin de año.
Expertos en derecho administrativo explican que la Ley de Garantías rige cuatro meses antes de las elecciones. En este caso, debido a los comicios de Congreso previstos para marzo, la norma empezará a regir desde este fin de semana.
Durante enero, se espera una suspensión parcial de la medida para permitir a las entidades contratar los servicios esenciales que garanticen su funcionamiento. Sin embargo, se mantendrán las restricciones más severas en materia de contratación de obras públicas.
La norma también prohíbe la inauguración de obras o programas sociales que puedan influir en la intención de voto de los ciudadanos. Esto obliga a las administraciones a abstenerse de actos públicos con presencia de candidatos o voceros políticos.
Desde la Gobernación del Huila, la prioridad es comprometer los recursos antes del plazo legal. El objetivo es que los proyectos continúen su ejecución y puedan beneficiar a la comunidad sin interrupciones.
La maratón de convenios en el Huila evidencia el esfuerzo institucional por cumplir las metas antes de la restricción electoral, garantizando que las obras y programas sigan avanzando en beneficio de los ciudadanos.
