Hospital Universitario acudió a la justicia para exigir al ICBF una solución inmediata.
La permanencia de una niña de 11 años en el Hospital Universitario de Neiva (HUN), pese a contar con autorización médica para salir, desató una controversia institucional. La menor completa cerca de dos semanas en observación pediátrica de urgencias porque, según denunció el centro asistencial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y su entorno de protección no han definido quién debe recibirla ni garantizar su cuidado. Ante esta situación, el hospital acudió a la justicia mediante una acción de tutela.
La denuncia quedó consignada en una tutela presentada por Jennifer Constanza Suaza Sáenz, jefe de la Oficina Jurídica y de Juzgamiento Disciplinario del HUN, contra el ICBF Regional Huila, la madre sustituta y el municipio de Neiva. El centro médico considera que la falta de una alternativa de protección vulnera los derechos fundamentales de la niña y prolonga innecesariamente su permanencia en un servicio destinado a atender urgencias.
De acuerdo con el expediente, la menor ingresó al hospital por una condición relacionada con alteraciones del comportamiento y recibió valoración de diferentes especialistas, incluido el servicio de psiquiatría. Los profesionales identificaron un diagnóstico de perturbación de la actividad y de la atención. Sin embargo, concluyeron que no necesitaba continuar hospitalizada ni requería internación en una unidad de salud mental. Por ello, recomendaron su salida y su traslado a un dispositivo psicosocial del ICBF con acompañamiento interdisciplinario.
Una salida sin protección
El problema surgió cuando llegó el momento de materializar el egreso médico. Según el hospital, la madre sustituta no habría aceptado nuevamente a la niña y el ICBF no habría definido una ubicación alternativa. Esta falta de coordinación dejó a la menor en una habitación de observación pediátrica, aunque ya no presentaba indicaciones clínicas para permanecer allí.
La tutela también expone dificultades de convivencia durante la estancia hospitalaria. Los registros mencionan episodios de agresividad hacia personal asistencial y cuidadores, así como inconformidades de familiares de otros pacientes. No obstante, el centro médico advierte que estas situaciones deben abordarse mediante atención especializada, sin estigmatizar a la niña ni desconocer sus necesidades de protección.
El Hospital Universitario sostiene que urgencias pediátricas no puede convertirse en un hogar sustituto ni reemplazar los servicios de protección infantil. Además, advierte que mantener una cama ocupada por razones administrativas limita la capacidad de atender a otros menores que necesitan valoración médica. En su argumentación, señala que la falta de una respuesta institucional podría comprometer derechos como la salud, la integridad física y psicológica, la alimentación y el alojamiento seguro.
Tutela busca una respuesta inmediata
Ante este panorama, el hospital solicitó a la justicia ordenar al ICBF, a la Defensoría de Familia y al municipio de Neiva una valoración urgente de la situación. También pidió definir la medida de protección vigente, establecer el lugar adecuado para la niña y designar un responsable de su cuidado. Asimismo, reclamó garantizar alojamiento, alimentación, acompañamiento psicosocial, seguridad y continuidad de la atención que requiera.
La institución recordó que el artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos de los niños. Por eso, considera que ninguna dificultad administrativa puede justificar la ausencia de una solución para una menor bajo protección del Estado. Sin embargo, la jueza Séptima Administrativa de Neiva, Lina Marcela Cleves Roa, negó las medidas provisionales solicitadas al considerar que necesitaba información adicional para determinar la situación actual y las responsabilidades de las entidades involucradas.
Mientras avanza el trámite judicial, la niña continúa en las instalaciones del Hospital Universitario de Neiva, a la espera de una decisión que permita concretar su salida en condiciones seguras. El caso pone sobre la mesa una situación que exige coordinación entre las instituciones: garantizar que una menor de edad reciba protección integral y no permanezca en un servicio de urgencias por falta de una alternativa de cuidado.






