El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta de acuerdo nacional que recientemente dio a conocer el ELN.
El presidente colombiano emitió su respuesta de Gustavo Petro al ELN tras la propuesta del Ejército de Liberación Nacional de construir un “Acuerdo Nacional” para abordar la prolongada crisis política y social del país.
Petro recordó que el ELN ya había tenido oportunidades de negociación formal, pero aseguró que “lo destruyó a sangre y fuego”, refiriéndose a acciones violentas que incluyeron masacres atribuidas al control de cultivos ilícitos y a la minería ilegal, y que causaron graves daños a comunidades rurales.
El presidente fue enfático: ninguna negociación podrá avanzar si la guerrilla no abandona las economías ilegales, detiene el reclutamiento de menores de edad y devuelve a quienes ya fueron reclutados, condicionando así cualquier acercamiento.
Petro también planteó que la transformación territorial debe diseñarse junto con los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado, destacando la necesidad de un enfoque participativo y sostenible.
En su discurso, el mandatario propuso que la primera reunión oficial con Venezuela se centre en el desarrollo de una zona económica especial agrario e industrial entre Norte de Santander y Táchira, lo que, según él, podría fortalecer la economía regional y combatir las economías ilícitas que financian grupos armados.
Petro advirtió que, si el ELN no abandona su presencia en territorio venezolano ni participa en un proceso de paz serio, podrían coordinarse acciones conjuntas de carácter militar con ese país para enfrentar al grupo guerrillero.
Sobre justicia transicional, el presidente propuso que la Fiscalía General asuma los casos de crímenes graves, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría ampliar su mandato mediante una ley del próximo Congreso o incluso una Asamblea Nacional Constituyente, si así lo decide el pueblo. Petro aseguró que una eventual Asamblea Constituyente no sustituiría la Constitución de 1991, sino que la complementaría y fortalecería, garantizando derechos fundamentales que, a su juicio, el actual Congreso no ha legislado.
