Por: La JEP dictó su primera sentencia por secuestros: el último Secretariado de las Farc-EP es condenado con Sanción Propia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este 16 de septiembre de 2025 su primera primera sentencia contra secretariado de las Farc, dicha sentencia se da, por los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP. En una decisión histórica, el Tribunal de Paz impuso a siete integrantes del último Secretariado la máxima Sanción Propia: ocho años de trabajos restaurativos en búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ambiental y reparación simbólica a las víctimas.
Los respondientes de las Farc Ep.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, reconocidos por la JEP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad derivados de la política de secuestros implementada entre 1993 y 2012.
A esto los condenaron.
La sentencia de la JEP establece que estos excomandantes deberán participar durante ocho años en proyectos restaurativos que incluyen la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en cementerios como el de Palmira (Valle del Cauca), la instalación de dispositivos de memoria en ciudades como Cali y Neiva, y la reconstrucción ambiental en territorios afectados por el conflicto armado.
La justicia transicional en Colombia marcó un hito al reconocer que nunca antes los máximos jefes de las Farc-EP habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían aceptado públicamente su responsabilidad en crímenes que dejaron al menos 21.396 víctimas de secuestro en todo el país. Hasta antes de este proceso, la impunidad por estos hechos alcanzaba el 92%.
Así motivaron los secuestros en Colombia.
Según la JEP, los secuestros se implementaron bajo tres patrones: como mecanismo de financiación, como estrategia de presión para el canje de prisioneros y como instrumento de control social y territorial. En todos los casos, se documentaron condiciones inhumanas de cautiverio, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado y graves afectaciones psicológicas y patrimoniales a las víctimas.
Los comparecientes estarán sometidos a un régimen de condicionalidad que incluye restricciones de movilidad, residencia y trabajo. También deberán portar dispositivos electrónicos de monitoreo y cumplir horarios específicos. En caso de incumplir la sanción, podrían perder los beneficios otorgados por la justicia transicional y enfrentar procesos en la jurisdicción ordinaria.
¿Quien los supervisa?
El Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, conformado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, supervisará el cumplimiento de los proyectos. Por su parte, el Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos y condiciones necesarias para que las medidas se ejecuten en favor de las víctimas y las comunidades.
Además de las sanciones, la JEP impartió órdenes a entidades estatales como la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras para que revisen los registros y garanticen la reparación administrativa a los afectados por secuestro. Esto permitirá que las víctimas puedan acceder a indemnizaciones económicas y a procesos de restitución de tierras que permanecían represados.
La investigación judicial permitió reconstruir la magnitud del fenómeno de los secuestros y establecer que se trató de un crimen sistemático y generalizado. La JEP documentó cómo las víctimas sufrieron daños morales, existenciales, patrimoniales, ambientales y territoriales, y concluyó que se trató de un proceso de macrovictimización con efectos que persisten hasta hoy.
¿Se avanzó en la verdad?
Durante las audiencias, los excomandantes reconocieron públicamente su responsabilidad y pidieron perdón a víctimas que durante años habían esperado un reconocimiento. La JEP subrayó que este acto no borra el sufrimiento, pero sí representa un avance en la construcción de verdad, memoria y reconciliación en Colombia.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, calificó la sentencia como un hito internacional: “Nunca antes en el mundo los máximos responsables de un grupo armado habían reconocido sus crímenes de guerra y de lesa humanidad y se habían sometido a un proceso restaurativo de justicia transicional”.
Este es el primer fallo.
Este fallo no será el único. La JEP advirtió que se avecinan nuevas decisiones contra exmandos medios y otros bloques de las Farc-EP que también participaron en la política de secuestros. A la fecha, 41 comparecientes han sido imputados por estos crímenes y todos han aceptado su responsabilidad, lo que marca un precedente para la justicia y para las víctimas.
Con esta sentencia, la JEP busca que los comparecientes transformen el dolor causado en acciones restaurativas que beneficien a las comunidades y a las familias de las víctimas. La reparación simbólica, el desminado humanitario, la recuperación ambiental y la búsqueda de desaparecidos se convierten en el eje central de un proceso que busca cumplir el Acuerdo Final de Paz y consolidar la reconciliación en Colombia.
