Cuatro ex funcionarios de la Nueva EPS serán imputados en el marco de la investigación por muerte de menor en el Huila.
Para este lunes 24 de agosto está programada la formulación de imputación contra cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS. La Fiscalía les atribuirá un posible homicidio culposo por las presuntas omisiones que habrían impedido garantizar al niño Kevin Acosta el suministro oportuno del medicamento que necesitaba para tratar la hemofilia, algo que le costó la vida tras accidentarse en su bicicleta en el municipio de Palestina, extremo sur del Huila.
Se trata de Nelson Ramírez Plazas, quien se desempeñaba para la época de los hechos como auditor de concurrencia y gerente regional de la Nueva EPS; Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de la entidad; y las exfuncionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias; imputación que será de forma virtual.
La diligencia hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero en Bogotá, después de sufrir un traumatismo craneoencefálico tras caer de su bicicleta en Palestina.
Lo que se conoce
Según la investigación, el menor llevaba cerca de dos meses sin recibir Emicizumab, medicamento fundamental para el tratamiento de la hemofilia tipo A que padecía. La última dosis que recibió fue el 14 de diciembre de 2025, y desde entonces la Nueva EPS no garantizó el suministro. La Procuraduría General de la Nación estableció que Medicarte había suspendido la entrega del medicamento por falta de pago de la Nueva EPS, y que la entidad intentó trasladar la atención a Integral Solutions, pero esta IPS tampoco pudo asumir el tratamiento porque no se le giraban los recursos ni se había remitido la documentación clínica necesaria.
La investigación contra el expresidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se tramita por una vía diferente debido al fuero especial que tienen estos funcionarios. La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los mismos delitos. La responsabilidad del presidente, desde esa perspectiva, está relacionada con la ejecución de una política de salud para el país y las falencias graves frente a la financiación del sistema.
El origen de todo
Todo comenzó el pasado 13 de febrero, cuando Kevin Arley Acosta Pico sufrió un accidente mientras montaba bicicleta en la localidad del Huila meridional. El menor cayó y sufrió un traumatismo craneoencefálico que, por la hemofilia tipo A que padecía, representaba un riesgo mayor. Tras el accidente, fue atendido inicialmente en el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y posteriormente trasladado por vía aérea a Bogotá, donde ingresó a la Fundación HOMI con un pronóstico reservado. Días después falleció.
La Procuraduría también compulsó copias a la Fiscalía para que investigara las posibles responsabilidades penales y abrió una investigación disciplinaria contra el entonces interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus. El ente de control señaló que la Nueva EPS mantenía una deuda superior a $8.383 millones con Integral Solutions, con más de 150 días de mora, situación que terminó afectando la continuidad de la atención y la vida del menor.
Finalmente, la madre de Kevin Arley solicitó impedir la salida del país del expresidente Gustavo Petro mientras avanzan las investigaciones. La solicitud fue radicada ante el presidente del Senado, pero se consideró extemporánea. La decisión final estará en manos de las autoridades competentes. La justicia deberá establecer quién falló cuando Kevin necesitaba que el sistema de salud respondiera por él.
