Declarada oficialmente la emergencia económica por el terremoto, esta durará un mes y aplicará en 15 departamentos, Huila incluido.
El Gobierno declaró oficialmente la emergencia económica por 30 días en 15 departamentos del país, como consecuencia de la calamidad pública que ha generado el terremoto del pasado 10 de agosto. Los departamentos afectados son Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
La medida le da facultades al Gobierno para expedir decretos y otras disposiciones que permitan mayor flexibilidad para mover y reasignar recursos públicos. También contempla la creación de alivios tributarios, la habilitación de créditos de emergencia con tasas subsidiadas, el apoyo al pago de salarios y aportes para proteger empleos, así como ayudas para trabajadores independientes.
Entre las medidas contempladas se incluye la flexibilización de planes de premios y la habilitación de sorteos extraordinarios, así como la orientación temporal de recursos con destinación específica de Coljuegos hacia la salud en los territorios afectados. La declaratoria de emergencia económica por el terremoto también permite adoptar medidas extraordinarias para proteger los derechos de los trabajadores y demás afiliados al Sistema de la Protección Social.
Otras medidas
El decreto faculta al Gobierno para tomar medidas de flexibilización y ampliación de subsidios de vivienda, alojamiento temporal y reubicación. Además, contempla la habilitación de espacios alternativos y modalidades remotas para mantener la educación y flexibilizar la entrega del PAE. También se busca la recuperación acelerada de hospitales y servicios esenciales como energía, agua y telecomunicaciones, así como mayor rapidez en la contratación pública para obras de emergencia.
El decreto señala que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuenta con inmuebles urbanos, rurales, muebles y activos líquidos ubicados estratégicamente en las zonas de influencia del desastre. Estos recursos representan una fuente inmediata e indispensable de recursos y predios aptos para la instalación de albergues temporales, reasentamiento de familias vulnerables, centros de acopio y ejecución de obras de infraestructura de emergencia.
La declaratoria de emergencia económica es un mecanismo contemplado en la Constitución que permite al Gobierno actuar con celeridad y flexibilidad en situaciones de crisis. Durante el período de 30 días, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley para agilizar la respuesta a la emergencia, sin necesidad de pasar por el trámite legislativo ordinario.
Las medidas buscan dar el respaldo legal necesario para la movilización y reasignación de recursos de distintas fuentes públicas para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Los recursos permitirán atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas y comenzar el proceso de reconstrucción de infraestructura crítica.
