Ministra defiende contratación educativa y alianzas religiosas bajo normas vigentes.
La ministra de Educación, Viviane Morales, rechazó las acusaciones de un supuesto “decretazo” educativo y negó que el proyecto de modificación al Decreto 1075 implique privatizar la educación pública. Viviane Morales niega decretazo educativo y sostiene que la propuesta conserva mecanismos establecidos desde hace más de tres décadas.
El debate comenzó después de que el Ministerio de Educación divulgara en el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop) un borrador que plantea cambios en las reglas para contratar la prestación del servicio educativo. Además, el documento contempla acuerdos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales.
Morales explicó que estas figuras no nacen con el nuevo proyecto. Según la ministra, el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1851 de 2015 ya contemplan la posibilidad de contratar estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas que cuenten con personería jurídica. También afirmó que la Corte Constitucional ha avalado este tipo de colaboración.
Por otra parte, la ministra detalló que las entidades territoriales certificadas mantienen la responsabilidad sobre la infraestructura y el personal disponible. A su vez, las organizaciones religiosas pueden aportar componentes pedagógicos y administrativos que las entidades no puedan suministrar, siempre dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Sin embargo, Fecode cuestiona el proyecto educativo y advierte sobre una posible ampliación de la participación privada y confesional en el sistema oficial. El sindicato considera que los cambios podrían facilitar la contratación de operadores privados, afectar la estabilidad laboral de docentes y generar riesgos para principios como la gratuidad y la educación pública.
Asimismo, Martha Alfonso Bernal, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, señaló que el borrador flexibiliza algunas condiciones para contratar operadores externos. Según su interpretación, los cambios podrían ampliar las causales de contratación, facilitar prórrogas y permitir una mayor participación de fundaciones y empresas privadas.
El expresidente Gustavo Petro también criticó la iniciativa y cuestionó la participación de iglesias y actores privados en la educación pública. Mientras tanto, Viviane Morales niega decretazo educativo y mantiene que el proyecto busca actualizar disposiciones existentes, no crear un nuevo modelo de privatización.
Finalmente, el proyecto permanece en etapa de consulta pública hasta el 26 de agosto, cuando ciudadanos, organizaciones sindicales, docentes y demás sectores interesados pueden presentar observaciones. Así, el debate sobre contratación educativa, educación pública, iglesias y operadores privados continúa abierto mientras el Ministerio de Educación evalúa las propuestas recibidas.
