Apenas es el quinto mes del año y se han reportado más de medio centenar de masacres en el país, según Indepaz.
Las masacres en Colombia aumentan durante 2026 con 55 casos y 236 víctimas fatales. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, entregó la alarmante cifra este año. La más reciente masacre ocurrió el pasado domingo en Santander de Quilichao (Cauca) una zona históricamente golpeada por la violencia.
González fue contundente al calificar el hecho como una expresión del deterioro sostenido de la seguridad. Las masacres en Colombia aumentan debido al fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del Cauca. Estas estructuras también pelean por el dominio social y económico de la región, según el directivo.
Las disidencias de las Farc aparecen como las principales señaladas por el hecho violento. Tres personas fueron asesinadas y abandonadas sobre una vía con un cartel alusivo a ese grupo armado, todo en una zona donde las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y violencia sistemática desde hace varios años.
¿Algo anunciado?
Lo más grave, advirtió González, es que el riesgo ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo. La Alerta Temprana 013 de 2025 y la Alerta Temprana 036 de 2023 ya mencionaban la imposición de normas de facto, las confrontaciones entre estructuras armadas y el riesgo permanente para la población civil en Santander de Quilichao. Las alertas, sin embargo, no bastaron.
En esa zona del Cauca delinquen frentes completos de la disidencia. Los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, junto al Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central, operan sin control. También actúan otras bandas delincuenciales vinculadas a economías ilícitas, creando un complejo entramado de violencia contra la población civil.
El director de Indepaz lanzó una crítica feroz a la respuesta estatal. “Las alertas parecen seguir tratándose como simples documentos administrativos y no como verdaderos mecanismos de prevención y protección para la vida”, denunció. Según González, la respuesta oficial sigue atrapada en una lógica reactiva y militarista que no transforma las condiciones estructurales del conflicto.
No basta con el pie de fuerza
No basta con aumentar el pie de fuerza o realizar operaciones militares, insistió el funcionario. Mientras continúen expandiéndose las economías ilegales, el control social armado y la ausencia de garantías reales para las comunidades, la violencia no cesará. Cada nueva masacre confirma la incapacidad del Estado para anticiparse a la tragedia pese a contar con alertas tempranas.
El llamado de Indepaz es claro: se requiere un cambio de enfoque estructural. La prevención debe dejar de ser un simple trámite burocrático para convertirse en una política efectiva con recursos, coordinación institucional y presencia estatal integral. Mientras tanto, las comunidades del Cauca y otras regiones del país siguen pagando el precio más alto: sus vidas y su tranquilidad.
