La Agencia Nacional de Tierras retomó el control del predio Santa Helena, entregado en 2024 a una asociación campesina.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó un predio de 666 hectáreas ubicado en el municipio de Baraya, al norte del Huila, luego de detectar múltiples irregularidades en su administración. El terreno había sido entregado de manera provisional en 2024 a una asociación campesina.
El predio, llamado Santa Helena, fue adjudicado el 30 de diciembre de 2024 a 31 familias organizadas en la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz), como parte de las políticas de Reforma Rural del Gobierno Nacional. Sin embargo, durante 2025 comenzaron a presentarse denuncias, conflictos internos y prácticas que alertaron a las autoridades.
Según el director de la ANT, Juan Felipe Harman, las investigaciones evidenciaron varias irregularidades. Entre ellas, la perturbación del orden público, el arrendamiento no autorizado del predio y el uso inadecuado de los recursos ambientales.
Uno de los hallazgos más graves fue la existencia de contratos de arrendamiento que comprometían el uso del terreno, incumpliendo las condiciones bajo las cuales fue entregado.
“Ratificamos que hubo errores y fallas en la administración del bien. Sancionamos a una organización que violó cinco cláusulas concretas. Para eso nosotros no entregamos la tierra”, afirmó Harman.
Antes de tomar la decisión de recuperar el predio, la entidad realizó espacios de diálogo con los líderes de las organizaciones involucradas. El objetivo era encontrar soluciones que evitaran afectar a las familias campesinas. Sin embargo, no se lograron acuerdos.
“Exploramos diferentes alternativas para no perjudicar a los campesinos, pero no hubo disposición ni voluntad por parte de los líderes”, agregó el funcionario.
Además, denuncias ciudadanas señalaron posibles intereses indebidos en el uso del terreno. En particular, se mencionó que uno de los beneficiarios habría permitido el ingreso de terceros para desarrollar actividades ganaderas, lo cual está prohibido.
La ANT recordó que los predios adjudicados no pueden ser arrendados, cedidos ni utilizados por terceros sin autorización. También deben ser trabajados directamente por las familias beneficiarias.
Veedurías ciudadanas han advertido que el incumplimiento de estas normas habría generado beneficios económicos indebidos.
Con esta decisión, la Agencia busca recuperar el control del predio y asegurar que el acceso a la tierra se mantenga bajo principios de legalidad, equidad y sostenibilidad, tal como lo establece la Reforma Rural en el país.
