La Superintendencia Nacional de Salud ha revelado una serie de cobros ilegales en el sector, atribuidos a las IPS.
La Superintendencia Nacional de Salud reveló una práctica corrupta que golpea al sistema. Los cobros ilegales en salud estarían presionando a las IPS para recibir pagos. Las comisiones exigidas van desde el 7 % hasta el 20 % del valor de la cartera.
Estas presiones afectan directamente el flujo de recursos hospitalarios. Muchas IPS dependen de esos desembolsos para sostener su operación diaria. Por eso, los cobros ilegales reducen los ingresos reales de clínicas y hospitales. Como consecuencia, peligran servicios, nóminas y compra de insumos críticos.
Las entidades responsables de los pagos estarían detrás de estas exigencias. La Superintendencia sospecha de intermediaciones indebidas dentro de las EPS intervenidas. De confirmarse, estos cobros ilegales en salud evidencian graves fallas de control. Además, abren la puerta al desvío de recursos públicos destinados a la atención.
Reunión para tratar el tema
El superintendente Daniel Quintero lideró una reunión clave sobre el tema. Allí advirtió que la atención a menores de edad no admite demoras. Cualquier falla en servicios para niños deberá ser reportada de inmediato. Las autoridades competentes activarán acciones penales contra los responsables.
Quintero fue tajante: la vida y la salud de esta población prevalecen sobre trámites administrativos. Por eso, se fijó una línea de actuación inmediata frente a irregularidades. Los interventores ahora tienen canales de reporte directo con su despacho. Así se hará seguimiento en tiempo real a los casos críticos.
La Superintendencia ya puso en marcha un esquema de control más estricto. Este plan aplica sobre todas las EPS que se encuentran intervenidas. El organismo también reiteró que los hechos ya están bajo revisión. La información recaudada será trasladada a las autoridades competentes.
El llamado se extiende a IPS, usuarios y ciudadanía en general. Todos pueden denunciar hechos de corrupción a través de los canales oficiales. La sostenibilidad del sistema de salud está en juego. No se puede permitir que comisiones ilegales ahoguen a los prestadores.
La Superintendencia advirtió sobre el impacto sistémico de estas prácticas. Comprometer recursos que deben ir a servicios es inaceptable. Ahora, la lupa está puesta sobre los responsables. Las acciones penales y fiscales podrían ser inminentes.
