El orden público en La Plata Huila cada vez más difícil

Grupos al margen de la Ley constriñen a la población civil contra el Ejército.

La situación en la zona rural del municipio de La Plata, Huila, sigue generando preocupación tras nuevas denuncias del Ejército Nacional sobre presiones ejercidas por un grupo armado ilegal contra la población civil. La Novena Brigada señaló este lunes, que comunidades han sido obligadas a actuar en contra de las operaciones militares en la región.

Según información del Ejército, varios habitantes de la vereda La Esperanza fueron forzados a movilizarse hacia una zona donde se encontraba personal del Batallón Pigoanza, con el objetivo de exigir la retirada de las tropas. Las autoridades militares aseguran que esta acción habría sido promovida por el Frente Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo.

Los uniformados, que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones de control y presencia territorial, afirmaron que esta no es la primera vez que se usa a la comunidad como medio de presión para frenar su avance hacia áreas que presuntamente son usadas por estructuras ilegales para planear actividades delictivas.

Desde la Novena Brigada se hizo un llamado urgente a las autoridades civiles y judiciales para que investiguen lo ocurrido y tomen medidas que garanticen los derechos de la población, que estaría siendo instrumentalizada en medio del conflicto.
“La prioridad es proteger a los civiles y evitar cualquier confrontación con las comunidades”, aseguró el Ejército, que reafirmó su intención de continuar con sus operaciones, pero siempre bajo el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la población local.

En medio de los hechos, los soldados han recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de algunos habitantes del municipio. Estos pronunciamientos, según indicó el comando de la Brigada, refuerzan la necesidad de mantener la presencia militar en la zona.

La situación sigue siendo monitoreada por las fuerzas militares, que insisten en que no se trata de una simple confrontación armada, sino de una estrategia de presión y manipulación social por parte de actores armados ilegales, lo cual representa un desafío adicional para el Estado en la región.