Fallo judicial frena entrega de tierras en zona de páramo del Huila

Un juez ordenó suspender decisiones de la ANT y exigió garantizar consulta previa a comunidades indígenas del departamento.

Una decisión judicial de fondo se convirtió en una noticia clave para el departamento del Huila. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva ordenó suspender cualquier actuación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionada con la ampliación del resguardo Kokonuco y Yanacona de Paletará, debido a la falta de garantías para las comunidades indígenas huilenses.

El fallo, fechado el 22 de abril de 2026, ampara derechos fundamentales como la consulta previa, el debido proceso y la protección de la integridad cultural y espiritual de estas comunidades, que habían advertido irregularidades en el trámite adelantado por la ANT.

La controversia surge por la intención de ampliar un resguardo ubicado en el Cauca sobre más de 49.000 hectáreas, muchas de ellas en municipios huilenses como San Agustín, Isnos, La Argentina y Saladoblanco. En estas zonas existe presencia ancestral indígena y sitios considerados sagrados, además de su cercanía con el Parque Nacional Natural Puracé, un ecosistema estratégico.

En su decisión, el juez ordenó a la ANT resolver las oposiciones presentadas desde hace cerca de un año, realizar una visita técnica interétnica en el territorio y adelantar obligatoriamente un proceso de consulta previa antes de tomar una determinación de fondo. También deberá garantizar la participación efectiva de autoridades territoriales y comunidades afectadas.

Desde la Gobernación del Huila, a través del Departamento Administrativo Jurídico liderado por Cristina Cortés, se destacó el fallo como una victoria institucional. La administración departamental había respaldado la acción judicial al considerar que existían fallas graves en el proceso, como la ausencia de consulta previa y el riesgo de afectación a territorios ancestrales y áreas protegidas.

Para el Gobierno Departamental, la decisión protege tres aspectos clave: los derechos de las comunidades indígenas del Huila, la defensa del territorio y la conservación ambiental del Parque Natural Puracé.

Además de mantener suspendido el proceso de ampliación, el fallo obliga a la ANT a rehacer parte del procedimiento bajo criterios de legalidad, participación y rigor técnico. También busca prevenir posibles conflictos interétnicos, la afectación de sitios sagrados y daños a una zona de alta importancia ambiental, donde nacen fuentes hídricas estratégicas y se conserva una biodiversidad única.

En ese contexto, la decisión es vista como una garantía para las comunidades indígenas del Huila y una medida de protección para uno de los territorios más sensibles del sur del país.

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