Fundación Ideas para la Paz reveló un informe en donde se manifiesta el aumento de los grupos armados ilegales.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en información oficial del Ministerio de Defensa, revela que a julio de 2026 los grupos armados cuentan con 28.802 integrantes, frente a 15.120 en diciembre de 2022, lo que representa un incremento del 90%. El análisis advierte que, mientras los grupos se fortalecían, las delegaciones del Gobierno adoptaron posturas pasivas que inclinaron la balanza de poder hacia las organizaciones ilegales.
Las fracturas internas en los grupos armados dieron pie a nuevas zonas de disputa. En los últimos cuatro años, los enfrentamientos entre actores armados ilegales se duplicaron: de 7 en 2022 a 14 en la actualidad. En 2025, la Fundación Ideas para la Paz registró 116 enfrentamientos entre grupos armados, la cifra anual más alta desde 2016, evidenciando una escalada preocupante de la violencia.
El Gobierno destaca cuatro logros en desescalamiento: la disminución de homicidios en Putumayo y Nariño, la reducción en el Valle de Aburrá, la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, y la destrucción de material bélico de Comuneros del Sur. Sin embargo, la Fundación advierte que estos avances son parciales y no necesariamente atribuibles a los compromisos de las mesas de diálogo.
En el análisis de la territorialización de la Paz Total, se rescatan algunos escenarios donde las transformaciones territoriales fueron el eje de los acuerdos, con 55 compromisos en ocho mesas. La Fundación reconoce como un logro significativo el desarme de 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quienes ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal para hacer un tránsito efectivo a la vida civil.
La falla de la Paz Total
Para la Fundación Ideas para la Paz, la Paz Total padeció la falta de elementos básicos para organizar procesos de semejante envergadura. El informe identifica trece desaciertos centrales, entre los que se destacan una paz maximalista fundada en el discurso de las “causas objetivas de la violencia”, que llevó a que los grupos armados se sintieran cómodos en la narrativa sin poner nada a cambio.
Otro de los desaciertos fue una visión y secuencia de la negociación desorientadas, donde la mayoría de las mesas no definió un horizonte claro sobre desarme y desmovilización. Sin objetivos, agendas y pasos a seguir claros, las mesas funcionaron al vaivén de los grupos armados, que percibieron al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos.
La ausencia de líneas rojas frente a la expansión territorial, el reclutamiento de menores y las presiones contra la población civil fue otro de los factores críticos. Además, la falta de un marco jurídico adecuado dejó sin garantías claras a quienes se acogieran a los procesos, lo que generó desconfianza y frenó cualquier avance significativo hacia la legalidad.
La erosión de la confianza de la opinión pública en la salida negociada fue evidente: el respaldo a insistir en los diálogos cayó de 76% en agosto de 2022 a 50% en febrero de 2025. La Paz Total deja lecciones para el futuro y preguntas abiertas sobre el lugar de las transformaciones territoriales y el desmantelamiento de economías ilegales.
