Contraloría detecta irregularidades por $39.139 millones en el Programa de Alimentación Escolar; en total se hallaron 84 hallazgos administrativos.
La Contraloría General de la República alertó sobre irregularidades en el PAE y advirtió sobre posibles dificultades para garantizar la continuidad del servicio durante 2026. El organismo de control informó que, después de realizar 32 auditorías de cumplimiento a los recursos del PAE ejecutados durante 2025, fueron identificados 84 hallazgos administrativos.
De los 84 hallazgos, 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene presunta incidencia penal, cinco fueron remitidos para indagación preliminar y 41 tienen presunta incidencia fiscal por $39.139 millones. Según la Contraloría, las irregularidades con incidencia fiscal están relacionadas principalmente con problemas en la ejecución de los contratos.
El 60% corresponde a falencias en la planeación, manejo de la información, supervisión y control de los contratos. Otro 30% está relacionado con sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias. El 10% restante corresponde a mayores valores pagados, de acuerdo con los resultados de las auditorías.
La gravedad del asunto
Para el organismo de control, estas situaciones comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas. La Contraloría también hizo un llamado sobre el hecho de que el país todavía no alcanza la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar.
Además de los hallazgos fiscales, la Contraloría alertó sobre la continuidad del PAE en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Según el organismo, en estos territorios existen contratos que ya finalizaron o están próximos a terminar y, al momento de las auditorías, no se evidenciaban procesos contractuales en curso ni disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad del programa durante 2026.
Para el organismo de control, la advertencia implica que, si no se adelantan los procesos necesarios y no se garantizan los recursos, alrededor de 600.000 niños, niñas y adolescentes podrían enfrentar interrupciones en el servicio de alimentación escolar. Las irregularidades no solo afectan la ejecución de los recursos, sino que ponen en riesgo el acceso a la alimentación de miles de estudiantes.
La Contraloría señaló que las situaciones encontradas en las auditorías evidencian problemas reiterados relacionados con sobrecostos, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos. Por esta razón, además de establecer los hallazgos correspondientes, el organismo mantiene la vigilancia sobre los recursos públicos destinados al PAE y sobre las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
