Por: Un nuevo estudio de la Contraloría revela brechas regionales y retos para el país descentralizado.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia las profundas desigualdades regionales frente al proceso de descentralización diferencial en Colombia. El análisis, basado en un innovador indicador de “Potencialidades de la Descentralización”, mide la capacidad de los entes territoriales para asumir nuevas competencias administrativas y fiscales.
El estudio arrojó que solo 7 de las 33 entidades territoriales analizadas superan los 60 puntos en el índice, lo que las califica como aptas para enfrentar los retos de un modelo descentralizado. Entre ellas están Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta. Esta situación genera preocupación, ya que evidencia que la mayoría de las regiones aún no están listas para implementar de forma efectiva la descentralización diferencial en Colombia.
Por el contrario, 15 departamentos se encuentran por debajo del promedio (52 puntos), debido a limitaciones en su capacidad institucional y condiciones socioeconómicas adversas. Estas regiones pertenecen a lo que el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra denominó como la “Colombia profunda”, e incluyen áreas de la Amazonía, Orinoquía, Caribe y Pacífico.
Durante la instalación del foro “Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de Recursos Públicos”, desarrollado esta semana, el Contralor hizo un llamado a unir esfuerzos sin mezquindades políticas. Recalcó que, para garantizar un desarrollo territorial más equitativo, es necesario fortalecer la capacidad fiscal de las regiones y definir con claridad las competencias que asumirá cada nivel de gobierno, conforme al Acto Legislativo 03 de 2024.
El informe también advierte que, si bien la descentralización promueve la autonomía regional, puede conllevar riesgos si no se gestionan con transparencia. Problemas como corrupción, burocracia excesiva y fragmentación administrativa pueden erosionar los beneficios del proceso. Por eso, se recomienda implementar sistemas de gobernanza claros, basados en información actualizada y participación ciudadana.
El Contralor destacó que este esfuerzo debe incluir la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que trasladará cerca de $1.7 billones a partir de 2027, alcanzando $45 billones en 2039. Sin embargo, alertó sobre los riesgos fiscales derivados de las inflexibilidades del Presupuesto General de la Nación para asumir este ajuste.
En cuanto a resultados, el informe resalta avances desde 1995 en salud, educación y servicios públicos, pero también señala que aún persisten grandes brechas. En regiones rezagadas, millones de ciudadanos siguen sin acceso a servicios básicos de calidad, lo que refuerza la urgencia de una descentralización eficiente y justa.
Finalmente, Rodríguez Becerra subrayó que la descentralización diferencial en Colombia solo será efectiva si se fortalece la planeación, se promueve la generación de ingresos regionales y se corrige la distribución de los recursos públicos. “La autonomía sin capacidad financiera es una utopía”, concluyó el Contralor, invitando a todos los actores a trabajar de manera coordinada en la construcción de un país verdaderamente descentralizado.
