Un total de 90 líderes sociales han sido asesinados en la primera mitad del año, el Huila no se salva.
La Defensoría del Pueblo reveló cifras alarmantes sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia durante los primeros siete meses de 2026. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, fueron asesinados 90 líderes sociales y se registraron 77 masacres que dejaron 300 personas muertas en todo el territorio nacional.
El panorama es complejo para quienes defienden los derechos de las comunidades en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. El asesinato de líderes sociales se presentó en 22 departamentos, pero Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca concentran la mayor cantidad de casos.
En el caso del Huila, el informe de la Defensoría del Pueblo dejó que se han reportado tres casos en la primera mitad del presente año.
Ni las es Farc se libran
En ese mismo periodo, cinco excombatientes de las Farc que adelantaban su proceso de reincorporación también fueron asesinados. La situación evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan por la paz y la defensa de los territorios en medio de la presión de grupos armados ilegales.
Las masacres, definidas como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, ocurrieron en 23 departamentos. Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca fueron los territorios con mayor concentración de estas tragedias.
Comparado con el año pasado
En comparación con el mismo periodo de 2025, el asesinato de líderes sociales disminuyó ligeramente: pasó de 121 a 90 víctimas. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica para las comunidades y organizaciones que ejercen liderazgo en los territorios.
En cuanto a las masacres, el aumento es preocupante. Entre enero y julio de 2025 se registraron 40 masacres con 130 víctimas, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 77 masacres con 300 víctimas, lo que representa 37 masacres más y 170 víctimas adicionales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas efectivas que blinden a los líderes sociales y a sus comunidades. Se requiere garantizar los derechos colectivos de quienes son la voz en los territorios más afectados por la violencia.
