JEP exige retorno inmediato del exjefe de las Farc tras viaje a España.
La salida de Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El excomandante de las extintas Farc viajó a España con autorización del tribunal de paz, que le ordenó regresar a Colombia y presentarse personalmente este 14 de julio de 2026 para certificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso de salida del país.
Londoño participó en una agenda académica y política organizada por Izquierda Unida, que incluyó un seminario en Madrid sobre las relaciones entre Europa y la Comunidad Andina, además de varias actividades desarrolladas entre el 20 de junio y el 12 de julio en diferentes ciudades españolas. Todo el desplazamiento fue previamente avalado por la JEP.
La autorización expedida por la Jurisdicción Especial para la Paz estableció obligaciones precisas para el exjefe guerrillero. Entre ellas, asistir de manera virtual a una diligencia judicial durante su permanencia en el exterior y regresar al país dentro del plazo fijado, dejando claro que el permiso era improrrogable, salvo casos de fuerza mayor.
La controversia aumentó luego de que se conocieran declaraciones de Londoño en las que afirmó que “iba a ver si volvía”, comentarios que generaron críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos, al interpretarse como una eventual intención de incumplir las condiciones establecidas por la justicia transicional.
No obstante, horas después fueron divulgados videos en los que Rodrigo Londoño aparece en las instalaciones de la JEP, donde realizó el procedimiento para acreditar oficialmente su regreso a Colombia, dando cumplimiento a la orden emitida por el tribunal.
El episodio también desató reacciones en el escenario político. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y anunció que, una vez asuma el Gobierno, promoverá reformas orientadas a modificar el actual modelo de justicia transicional.
Durante una de sus intervenciones públicas, De la Espriella aseguró que impulsará medidas para que los antiguos comandantes de las Farc respondan ante la justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, reiteró sus críticas a los beneficios contemplados en el Acuerdo de Paz de 2016, al considerar que han favorecido escenarios de impunidad.
El caso volvió a evidenciar la polarización que existe alrededor del sistema de justicia transicional en Colombia. Mientras algunos sectores destacan que la JEP mantiene mecanismos de control sobre los comparecientes, otros insisten en que las condiciones otorgadas a los exintegrantes de las Farc continúan generando cuestionamientos políticos, jurídicos y sociales.
