La expansión urbanística en el sector de Amborco, impulsada por intereses particulares y sin garantías suficientes de servicios públicos.
Tras varias horas de bloqueo en vía Santa Clara, en Amborco en Palermo la comunidad logró levantar el bloqueo. Ese miércoles inician las mesas de diálogos con consultoras, la aclaldía municipal y comunidad, si no logran acuerdos anuncian bloqueos en la ruta 45.
Son varias las peticiones que serán revisadas en las mesas de trabajo que iniciarán la próxima semana, con participación de entidades municipales, departamentales y ambientales.
Y es que durante años, el desarrollo del sector de Amborco fue presentado como una oportunidad para cientos de familias que buscaban cumplir el sueño de tener una vivienda digna cerca de Neiva. Su ubicación estratégica convirtió esta zona en un punto atractivo para urbanizadoras y compradores, generando un crecimiento acelerado que genero una problemática.
Kleiver Oviedo, alcalde de Palermo indicó que “detrás de este auge urbanístico, hubo decisiones cuestionables. Diversos actores, incluidos funcionarios y promotores inmobiliarios, habrían impulsado proyectos motivados por intereses particulares, otorgando licencias sin que el territorio estuviera preparado para garantizar servicios públicos esenciales ni el cumplimiento pleno de derechos constitucionales”.
Hoy la zona registra un desarrollo desordenado hoy pone en jaque la capacidad institucional del municipio.
A esto se suma la informalidad en la tenencia de la tierra. Gran parte de los predios no están legalizados ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), lo que impide la correcta recaudación de impuestos. Esta situación genera malestar entre los campesinos de la zona, quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias y ahora exigen una revisión equitativa de los avalúos de sus propiedades.
“La situación evidencia un desbalance crítico. Aunque en Amborco residen más de 25 mil personas, solo 404 aparecen registradas en el Sisbén y en el Sistema General de Participaciones (SGP). Esto significa que los recursos que gira el Estado nacional están calculados con base en una población muy inferior a la real, limitando la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a las crecientes demandas”, dijo Oviedo.
El panorama se complica aún más con la presión financiera derivada de los servicios públicos. Empresas privadas reclaman subsidios que superan los mil millones de pesos, lo que implica una carga significativa para el municipio. Paradójicamente, algunos barrios antiguos están clasificados en estrato 3, mientras que los nuevos desarrollos figuran en estrato 2, sin contar siquiera con servicios plenamente garantizados.
