Por: Así se concluye de la reunión presidida por el Gobernador Rodrigo Villalba, quien fue enfático en la defensa de los derechos de la población civil.
Este fin de semana se complicó la situación de los habitantes de la zona rural de Belén en el municipio de La plata al occidente del Huila, pues tras el anuncio de la llegada de tropas del ejército, las Disidencias de las Farc obligaron a la población a salir masivamente a rechazar la presencia de los uniformados.
Esta situación viola todos los tratados internacionales del conflicto y respeto por los derechos humanos, pues se convierte así a la población civil en escudos humanos en temas de conflicto armado.
Es por esto que la reciente reunión presidida por el Gobernador Rodrigo Villalba Mosquera fue muy enfático en la defensa de los derechos de la población civil.
Pues este tipo de intimidaciones reportadas por la comunidad del centro poblado de Belén, en zona rural del municipio de La Plata, perpetradas por un grupo armado residual de la estructura Hernando González Acosta, pone en riesgo a toda la población.
Ante esta latente amenaza se manifestaron el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera; el viceministro para el Diálogo Social del Ministerio del Interior; delegados del Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional.
El rechazo fue contundente iniciando por el secretario de Gobierno Juan Carlos Casallas Rivas y el mismo Gobernador Rodrigo Villalba, quienes manifestaron que “El Gobierno Departamental rechaza de manera contundente estos actos de intimidación, de constreñimiento e instrumentalización de la población civil, que claramente comportan una violación a los Derechos Humanos”, señaló Casallas Rivas.
Durante la jornada, las autoridades analizaron en detalle la situación de orden público que enfrenta la comunidad, luego de que circularan audios y mensajes por aplicaciones móviles advirtiendo sobre acciones de constreñimiento e intimidación por parte del grupo armado, que estaría obligando a la población a exigir la salida del Ejército.
“El Estado, la Fuerza Pública y demás autoridades no vamos a renunciar a nuestro deber constitucional y legal de proteger a la población civil”, afirmó el secretario de Gobierno.
Además, manifestaron que, aunque se tomarán las medidas para evitar nuevos episodios como este “La Fuerza Pública de ninguna manera va a entrar en confrontación con la población civil, vamos a respetar sus derechos, se van a intensificar las labores de inteligencia y a reforzar la presencia institucional y demás intervenciones necesarias para acompañar y respaldar a la población. ¡No están solos!, vamos a llegar con toda la capacidad institucional para protegerlos”, puntualizó el secretario de Gobierno.
