Procuraduría abre indagación por presunta omisión en la prestación del transporte escolar en Gigante.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la alcaldía de Gigante, por una presunta omisión en la prestación del servicio de transporte escolar en Gigante. La investigación busca establecer si las entidades involucradas adoptaron oportunamente las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo de los estudiantes al servicio educativo.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón señaló que esa problemática se viene registrando desde el año 2024 sin que se adopten medidas correctivas por parte de las autoridades correspondientes. Esta situación afecta a los estudiantes provenientes de sectores rurales que requieren del transporte escolar en Gigante para acceder a la institución educativa Silvania, sede del municipio.
El órgano de control indicó que se evidenciaron decisiones judiciales proferidas en fallos de tutela que ordenaron la adopción de medidas en favor de los estudiantes. Sin embargo, ahora se hace necesario establecer “si las entidades involucradas adoptaron oportunamente o no las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo de los estudiantes al servicio educativo”, señala el auto de apertura de la indagación.
La Procuraduría también busca determinar si existió coordinación institucional para el cumplimiento de las órdenes impartidas y si las eventuales omisiones pueden ser atribuibles a servidores públicos plenamente identificables. Estos aspectos cobran especial relevancia “teniendo en cuenta que los hechos objeto de análisis involucran presuntamente la afectación de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección constitucional”, puntualizó el órgano de control.
La importancia del servicio
El transporte escolar en Gigante es un servicio esencial para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes que viven en veredas y corregimientos alejados del casco urbano. La falta de este servicio obliga a los estudiantes a recorrer largas distancias a pie o a depender de medios de transporte informales que no siempre están disponibles o son seguros.
La indagación previa es una etapa inicial en la que la Procuraduría recopila información y verifica la existencia de posibles faltas disciplinarias. Si se encuentran méritos suficientes, el caso podría avanzar hacia una investigación formal con pliegos de cargos contra los funcionarios responsables. La Alcaldía de Gigante deberá entregar la información requerida por el órgano de control para esclarecer los hechos.
La comunidad educativa de Gigante ha manifestado su preocupación por la situación y espera que la indagación de la Procuraduría permita establecer responsabilidades y garantizar la continuidad del transporte escolar. Los padres de familia han señalado que la falta de este servicio pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y afecta especialmente a quienes tienen menos recursos económicos.
