La Defensoría del Pueblo reveló mediante informe, la gravedad de la violencia de género en el territorio nacional.
La violencia de género en Colombia se ha convertido en una crisis humanitaria silenciosa. Así lo revela el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. Las agresiones contra mujeres, niñas y personas OSIGNH (orientación sexual, identidad y expresión de género no hegemónica) no cesan en los territorios.
Durante 2025 se documentaron 472 noticias criminales por feminicidio. De estas, 121 fueron consumadas y 351 quedaron en tentativa. En lo corrido de 2026, entre enero y marzo, ya suman 129 casos. Hay 15 feminicidios y 114 intentos. Los transfeminicidios también golpean: 30 en 2025 y 11 en el primer trimestre de 2026.
Por departamentos, violencia de género en Colombia muestra patrones móviles. En 2025 lideraron Caquetá, Amazonas, Casanare y San Andrés. En 2026, Guaviare, Boyacá, Quindío y Santander encabezan las tasas. La violencia intrafamiliar agrava el panorama: 15.785 casos contra mujeres en 2025, y 4.957 solo en los primeros meses de 2026.
Preocupan los delitos sexuales
Los delitos sexuales también estremecen. El año pasado se contabilizaron 16.947 casos. Más de la mitad afectaron a niñas y adolescentes: 9.431 víctimas. En 2026 ya van 3.664 denuncias, con 1.870 menores agredidas. Las tasas más altas persisten en Vaupés, Guaviare y Amazonas.
La explotación sexual de niñas sumó 156 casos en 2025 y 32 en 2026. Guaviare, Vichada y Amazonas concentran las cifras más graves. Mientras tanto, la trata de personas sigue siendo una deuda estatal: 207 reportes en 2025 (100 mujeres adultas y 43 niñas) y 37 en lo que va de 2026.
Para la Defensoría, esta violencia de género en Colombia revela fallas estructurales. No hay respuestas articuladas entre el Estado y las regiones. Los territorios más apartados sufren mayor impunidad y desprotección.
Cada cifra representa una vida interrumpida. Las autoridades territoriales deben priorizar rutas de atención. La sociedad civil también tiene un rol clave en la prevención y denuncia.
La entidad fue contundente: todas las niñas, mujeres y personas OSIGNH tienen derecho a vivir libres de violencias. Urgen políticas públicas con enfoque territorial y recursos suficientes.
